Ayudas millonarias tras las borrascas: 7.000 millones para familias, ayuntamientos y sectores productivos
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un amplio paquete de ayudas urgentes destinado a mitigar las consecuencias de las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado en las últimas semanas a numerosos municipios de Andalucía y Extremadura. La aprobación llega tras la declaración oficial de zonas afectadas por una emergencia de protección civil acordada días atrás.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el Ejecutivo movilizará un total de 7.000 millones de euros para hacer frente a los daños materiales y personales ocasionados por las crecidas de ríos y precipitaciones persistentes. El plan contempla compensaciones para más de 12.400 personas desalojadas, así como apoyo económico para viviendas, comercios y para los sectores agrícola y pesquero, especialmente castigados por el temporal. Según ha subrayado la vicepresidenta, el propósito no se limita a reparar los daños, sino a impulsar una reconstrucción integral de infraestructuras y espacios públicos afectados.
Refuerzo de ayudas a las familias
Entre las medidas más relevantes, el Gobierno ha decidido multiplicar por cuatro las indemnizaciones previstas en la normativa vigente para cubrir daños personales, pérdidas en viviendas, enseres y establecimientos industriales, mercantiles o de servicios.
Además, se incorpora una nueva ayuda específica de 150 euros por persona y día para quienes hayan tenido que abandonar temporalmente su domicilio. Como ejemplo, una familia de cuatro miembros desalojada durante diez días podría percibir 6.000 euros, cantidad compatible con otras compensaciones por daños materiales.
Montero ha destacado igualmente que todas estas ayudas estarán exentas de tributación tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, evitando así una carga fiscal añadida para los damnificados.
Apoyo financiero a los ayuntamientos
En el plazo de un mes se publicará el listado oficial de municipios afectados, que incluirá tanto los que hayan registrado desalojos como aquellos que, tras las primeras valoraciones técnicas, acrediten daños significativos.
El Estado habilitará un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para la reparación de infraestructuras municipales dañadas. Se trata de recursos no reembolsables, aunque sujetos a justificación. Como novedad, los ayuntamientos podrán recibir hasta el 100% del importe solicitado para financiar las obras necesarias.
Asimismo, se flexibilizará la regla de gasto para que las inversiones vinculadas a la reconstrucción no computen en los límites presupuestarios y se permitirá utilizar el superávit de 2025 para actuaciones relacionadas con los daños. El Ejecutivo impulsará además un plan extraordinario de empleo dotado con 50 millones de euros para dinamizar la actividad económica en las zonas afectadas.
Medidas fiscales y laborales
El decreto aprobado incluye exenciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el IBI y el IAE para los territorios perjudicados. En caso de que estos tributos ya hayan sido abonados, los contribuyentes podrán solicitar su devolución. También se contempla la reducción de módulos en el IRPF y en el régimen simplificado del IVA para actividades agrarias.
El conjunto de beneficios fiscales supondrá un ahorro estimado de 350 millones de euros para los afectados.
En el ámbito laboral, los trabajadores autónomos podrán acogerse a la prestación por cese de actividad hasta el 31 de mayo de 2026. Por su parte, las empresas que hayan sufrido daños y estén aplicando ERTE podrán solicitar exenciones adicionales.
Respaldo al sector primario
El plan destina más de 2.800 millones de euros a agricultores, ganaderos y pescadores. De esta cifra, 2.100 millones se dirigirán a titulares de explotaciones inscritas en el registro agrario de las zonas afectadas.
También se habilitan diez millones de euros para armadores de buques de pesca con puerto base en Málaga, Cádiz y Huelva que hayan tenido que mantener la flota amarrada. Se reduce, además, el requisito de jornadas cotizadas de 35 a 5 para acceder al subsidio agrario o renta agraria en los municipios perjudicados.
La reparación de caminos rurales e infraestructuras de riego contará con 600 millones de euros, mientras que las estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal dispondrán de 163 millones.
Impulso al comercio y la hostelería
El Ejecutivo ha aprobado una línea específica de ayudas directas para establecimientos de hostelería y comercio minorista por valor de 120 millones de euros. A ello se suma una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 100 millones para cubrir daños agrarios derivados de la borrasca.
Llamamiento a un pacto climático
Durante su intervención, María Jesús Montero ha instado a las fuerzas políticas a impulsar un pacto de Estado por el Cambio Climático que permita anticipar y afrontar con mayor eficacia fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
La vicepresidenta ha subrayado el trabajo coordinado de los equipos de emergencia y ha reiterado que el Gobierno seguirá movilizando recursos conforme avancen los peritajes y se detecten nuevos daños.
