El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se incrementa un 3,1% y se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. La actualización supone 37 euros más al mes y un aumento anual de 518 euros, alcanzando los 17.094 euros brutos al año. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que el SMI acumula una revalorización del 66% en los últimos seis años, una evolución que, según ha defendido, ha sido compatible con cifras récord de empleo en España. La ministra ha incidido en el impacto social de la medida, destacando que beneficia especialmente a mujeres y jóvenes, y que ha contribuido a reducir la brecha salarial de género por debajo de la media de la Unión Europea.
En términos territoriales, el incremento tendrá un mayor impacto relativo en comunidades como Canarias y Extremadura, mientras que Andalucía y Madrid concentran el mayor número de trabajadores beneficiados. Díaz también ha hecho referencia al sector agrario, donde —ha señalado— algunos pronósticos negativos sobre la subida del salario mínimo no se han cumplido.
Una de las novedades anunciadas es el refuerzo del control para evitar que el aumento del SMI se diluya mediante mecanismos de compensación y absorción de complementos salariales. El Ejecutivo vigilará que el incremento sea efectivo y no se neutralice mediante prácticas contables que reduzcan su impacto real en la nómina de los trabajadores.
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la subida se acompaña de una deducción fiscal de hasta 591 euros para quienes perciban salarios inferiores a 20.000 euros anuales. Esta medida garantiza que los trabajadores que cobran el SMI continúen exentos de tributar en el IRPF.
Montero ha recordado que, desde 2023, las sucesivas rebajas fiscales dirigidas a rentas bajas han supuesto un ahorro acumulado de 11.000 millones de euros para los contribuyentes con menores ingresos.
Con esta nueva actualización, el Gobierno consolida su estrategia de mejora progresiva del salario mínimo como herramienta para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores con menores recursos y reducir las desigualdades salariales.
