El PP exigirá más controles de antecedentes en la regularización de inmigrantes y activa batería parlamentaria
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha anunciado que su formación presentará enmiendas en el Senado a la Ley contra la Multirreincidencia con el objetivo de impedir que el proceso de regularización de inmigrantes se convierta, en sus palabras, en un “coladero” de delincuentes.
Durante su comparecencia, Gamarra ha arremetido contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que supone “un riesgo” para la seguridad ciudadana. En este sentido, ha adelantado que el Partido Popular activará una ofensiva parlamentaria inmediata, con iniciativas previstas para mañana y el miércoles que incluirán la exigencia de una ejecución efectiva de expulsiones, el rechazo al real decreto de regularización y una interpelación urgente a la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
La dirigente popular ha explicado que la enmienda que incorporarán a la Ley contra la Multirreincidencia buscará que no se admita la declaración responsable “bajo ningún supuesto” dentro del proceso de regularización y que se refuercen de manera exhaustiva los controles de antecedentes penales de las personas solicitantes.
Según Gamarra, el Ejecutivo pretende impulsar una “regularización masiva” que podría superar los 1,2 millones de personas en situación irregular, apoyándose en cifras de la Policía Nacional, y ha criticado que el procedimiento, tal y como está planteado, no exija certificado de antecedentes penales ni contrato de trabajo o formación. “No se exige un contrato de trabajo, ni de formación. Nada. Es un proceso de regularización automático”, ha afirmado, añadiendo que “las mafias y los delincuentes con este Gobierno están de enhorabuena”.
En este contexto, ha insistido en que el PP modificará la Ley de Multirreincidencia para que la regularización de inmigrantes no sea un coladero de delincuentes y se refuercen los controles de seguridad, subrayando que su modelo apuesta por una inmigración “ordenada, legal y humana”, pero con límites y condiciones claras. “Mano dura contra las mafias y la delincuencia, y mano tendida a quien venga a prosperar”, ha resumido.
Gamarra también ha advertido de que todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP han presentado alegaciones ante una norma que, a su juicio, puede colapsar aún más los servicios públicos, como la sanidad, la educación o la vivienda. “La inmigración es competencia exclusiva del Estado, pero las consecuencias de la regularización recaen directamente sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, ha señalado.
En el ámbito institucional, la vicesecretaria popular ha mostrado el respaldo de su partido a la Policía Nacional, que se ha manifestado para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las acusaciones que afectan al DAO que él nombró. “Que se vaya y deje el Ministerio”, ha reclamado.
Asimismo, ha cuestionado la continuidad en el Ejecutivo de otros ministros como Óscar Puente o Mónica García, en un contexto en el que, según ha denunciado, el Gobierno dedica más tiempo a “tapar su corrupción política, económica e institucional” que a gestionar los problemas de los ciudadanos.
En relación con las negociaciones territoriales, Gamarra ha adelantado que la dirección nacional del PP participará activamente en las conversaciones con Vox en Extremadura y Aragón, con el fin de facilitar acuerdos “coherentes” y proporcionales a los resultados electorales, evitando repeticiones electorales. “La política exige responsabilidad y sentido institucional”, ha afirmado.
Por último, al referirse a la desclasificación de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F, ha ironizado con que no haya que esperar décadas para conocer las causas de otros episodios recientes y escándalos que, según ha apuntado, rodean al actual Ejecutivo.
