El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la apertura de una investigación a empresas que publicitan en España servicios o productos procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel.
La medida se enmarca en la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025, aprobado por el Gobierno la semana pasada, que introduce medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina. Concretamente, el artículo 4 de esta normativa prohíbe la publicidad de bienes y servicios originados en zonas bajo ocupación, con el objetivo de frenar el beneficio económico derivado de dicha situación.
La Dirección General de Consumo será la encargada de supervisar y actuar frente a las compañías que pudieran estar incumpliendo la normativa. Este paso se apoya en el informe elaborado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas, titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”. En él, la experta denuncia que diversas empresas internacionales se están beneficiando económicamente de la ocupación ilegal de Palestina.
El ministro Pablo Bustinduy ya había adelantado en el mes de julio, durante la presentación del acto “Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina”, que el Ejecutivo emplearía todos los recursos necesarios para impedir que compañías con actividad en España mantuvieran vínculos con la ocupación israelí. “Ninguna empresa que opere en España tendrá sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino”, afirmó.
El Ministerio considera que mantener la publicidad y comercialización de estos servicios en territorio español contribuye a perpetuar la ocupación y el genocidio denunciado contra el pueblo palestino. Asimismo, recuerda que estas prácticas son consideradas ilícitas por el derecho internacional. En otros países europeos, como Países Bajos, la fiscalía ya ha abierto investigaciones sobre posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales en relación con estas actividades.
Con esta decisión, España refuerza su posición política y jurídica contra las prácticas empresariales que, de forma directa o indirecta, sostienen la ocupación israelí de los territorios palestinos.
