La Operación Zahorí saca a la luz casi mil captaciones ilegales de agua en todo el país
La Guardia Civil ha asestado un importante golpe contra la extracción ilegal de recursos hídricos en España tras culminar la Operación Zahorí, un dispositivo de ámbito nacional que ha permitido localizar 941 infraestructuras ilegales de captación y acumulación de agua y abrir investigaciones contra 31 personas por delitos relacionados con la distracción de aguas y daños al medio ambiente.
La operación, desarrollada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, ha contado con la participación de unidades del SEPRONA y de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de inspeccionar y controlar los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, así como proteger el Dominio Público Hidráulico en un contexto marcado por la escasez hídrica y los episodios recurrentes de sequía.
Del total de infraestructuras detectadas, el 60 % correspondían a pozos ilegales, el 24 % a sondeos, el 4 % a balsas de acumulación y el 12 % restante a otras modalidades de captación fraudulenta, como derivaciones o trasvases artificiales no autorizados. Estas prácticas suponen una grave alteración del equilibrio de los acuíferos y un perjuicio directo tanto para el medio ambiente como para los usuarios legales del agua.
Los informes periciales elaborados durante la Operación Zahorí valoran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico, una cifra que refleja la magnitud del impacto económico y ambiental derivado de estas actuaciones ilícitas en distintas provincias del territorio nacional.
Operaciones destacadas en varias comunidades autónomas
Dentro del despliegue global de la Operación Zahorí, se han desarrollado actuaciones específicas de gran relevancia en diferentes puntos del país.
En Huelva, la Operación Subterra se centró en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal, donde se localizaron diversas infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua. Como resultado, fueron investigadas ocho personas físicas y cinco jurídicas, esclareciéndose tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio.
En la Comunidad de Madrid, la Operación Bredo se llevó a cabo en el municipio de Las Rozas, donde se descubrió un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, así como otro legal que había sido manipulado mediante un sistema de bypass instalado fraudulentamente antes del contador volumétrico, evitando el registro real del caudal extraído. Los informes periciales estiman que el valor del agua aprovechada ilícitamente desde 2002 podría superar los 1,6 millones de euros. En este caso, se investiga a dos personas físicas por presuntos delitos de usurpación de aguas, defraudación, estafa agravada y delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, manteniéndose la investigación abierta.
En Murcia, la Operación Land Change, desarrollada en Mazarrón, permitió investigar a dos personas por transformar en regadío más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano. La valoración pericial sitúa el daño medioambiental ecosistémico en más de 2,9 millones de euros, imputándoles un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Por su parte, en Córdoba, la Operación Captaqua, realizada en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, detectó pozos clandestinos destinados al regadío y captaciones legales manipuladas mediante sistemas de bypass para eludir el control del caudal extraído. La actuación concluyó con la investigación de una persona física y una entidad jurídica.
29 infracciones penales y más de 1.600 administrativas
El balance global de la Operación Zahorí arroja 29 infracciones penales, entre las que destacan los delitos de distracción de aguas de uso público (59 %), los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (28 %) y los delitos contra la ordenación del territorio (7 %).
Además, se han tramitado 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77 % corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas, lo que evidencia la extensión de prácticas irregulares en la gestión de recursos hídricos.
La importancia de la peritación ambiental
La actuación del SEPRONA ha sido clave no solo en la detección de las infraestructuras ilegales, sino también en la elaboración de informes periciales que cuantifican económicamente los daños causados al Dominio Público Hidráulico y al conjunto de los recursos naturales, especialmente la flora y la fauna de las zonas afectadas.
Esta peritación resulta determinante para acreditar la existencia de los delitos investigados y valorar la gravedad de los hechos conforme a la normativa penal vigente, reforzando la respuesta judicial frente al expolio del agua.
La Operación Zahorí se enmarca en el compromiso permanente de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente y la defensa del uso sostenible del agua, un recurso estratégico cuya gestión responsable se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
