El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley destinado a garantizar la accesibilidad equitativa de bienes y servicios en situaciones de emergencia, con el objetivo de impedir incrementos desproporcionados o abusivos de precios que perjudiquen a la ciudadanía en contextos de especial vulnerabilidad.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado en rueda de prensa que la norma surge como respuesta a prácticas detectadas tras episodios recientes, como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde se denunciaron subidas injustificadas en determinados servicios. “Introducimos un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía”, ha subrayado el ministro.
La nueva regulación establece que, una vez declarada oficialmente una situación de emergencia, el precio de los bienes y servicios afectados no podrá superar el precio máximo que hayan tenido en los 30 días anteriores al inicio de la situación excepcional. De este modo, se pretende evitar que la urgencia o la necesidad inmediata de la población se traduzcan en beneficios económicos injustos para determinados operadores.
El mecanismo se activará mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, que será el encargado de concretar qué productos o servicios quedan sujetos a la limitación de precios y durante cuánto tiempo se aplicará la medida. Además, el Gobierno podrá exigir a los comercializadores la obligación de informar de forma clara y transparente sobre el precio medio y el precio máximo aplicado en el mes previo a la emergencia.
La norma también refuerza la protección directa de los consumidores, ya que reconoce el derecho al reintegro automático de las cantidades cobradas en exceso respecto a los topes establecidos. Este reembolso deberá realizarse sin trámites adicionales para el afectado, garantizando una reparación efectiva del perjuicio económico sufrido.
Bustinduy ha insistido en que el decreto fija “condiciones mínimas de igualdad y de respeto a los derechos de los consumidores”, evitando que una situación de riesgo o necesidad se convierta en una oportunidad de lucro. Asimismo, ha vinculado esta iniciativa con el impacto creciente de la crisis climática, advirtiendo de que los episodios extremos ponen a prueba la cohesión social y obligan a reforzar los mecanismos de protección pública.
Con esta medida, el Ejecutivo da un paso más en la defensa de los derechos de los consumidores y en la construcción de un marco que prioriza la justicia social y la equidad económica en contextos de emergencia.
