Nuevo modelo de financiación autonómica: más fondos, más autonomía fiscal y refuerzo del Estado del bienestar

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica que redefine los criterios de reparto de los recursos públicos entre las comunidades autónomas y que, según las estimaciones del Ejecutivo, permitirá incrementar en 20.975 millones de euros los fondos disponibles en 2027, año en el que está prevista su entrada en vigor.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, el nuevo sistema distribuirá en 2027 un total de 224.507 millones de euros entre las comunidades, frente a los 152.484 millones que recibieron en el último ejercicio liquidado correspondiente a 2023. El objetivo central del modelo es blindar el Estado del bienestar, garantizando una financiación suficiente para sostener los servicios públicos fundamentales en todo el territorio.

Durante la presentación en la sede del Ministerio, Montero ha subrayado que el modelo beneficia al conjunto del sistema autonómico al aumentar los recursos disponibles, reforzar y ampliar la solidaridad interterritorial, respetar las singularidades de cada territorio y reducir las diferencias en financiación por habitante ajustado. Además, incrementa la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades y garantiza que todas puedan ofrecer servicios públicos de calidad con independencia de su situación demográfica o geográfica.

La ministra ha explicado que esta propuesta cumple el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de avanzar hacia un sistema de financiación más amplio y justo. El documento ya ha sido remitido a todos los gobiernos autonómicos y será analizado el próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera extraordinario.

Montero ha puesto en valor el trabajo técnico desarrollado por el Ministerio de Hacienda, que ha incorporado aportaciones de parlamentos autonómicos, expertos y centros de estudio. En este sentido, ha apelado a las comunidades a acudir al CPFF con un “espíritu constructivo” para avanzar en un acuerdo de interés general.

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo sistema incorpora mejoras metodológicas y nuevos criterios de reparto basados en principios considerados prioritarios por el Ejecutivo. Entre ellos destaca una nueva definición de la población ajustada, que introduce variables más precisas para atender el reto de la despoblación y reflejar mejor el coste real de los servicios públicos.

Asimismo, se incrementa la capacidad tributaria de las comunidades, se refuerza la solidaridad interterritorial mediante mecanismos de nivelación horizontal y vertical, se garantiza el principio de suficiencia financiera y se asegura que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo vigente gracias a la garantía de statu quo.

Nueva población ajustada

Uno de los pilares del modelo es la actualización del criterio de población ajustada, que pondera variables demográficas, sociales y territoriales que influyen directamente en el gasto público. El reparto tendrá en cuenta, entre otros factores, el envejecimiento de la población, las necesidades educativas, el peso de los servicios sociales o la dispersión territorial.

La población padrón tendrá un peso del 30%, mientras que la población protegida equivalente, que representa el gasto sanitario, supondrá el 38%, desglosada ahora en 20 tramos de edad para reflejar mejor los costes sanitarios reales. El gasto educativo se calculará teniendo en cuenta a la población de 0 a 17 años y se añaden nuevas variables como los estudiantes universitarios desplazados, con una ponderación total del 20,5%.

Los servicios sociales se vinculan a la población mayor de 65 años, diferenciando entre los tramos de 65 a 79 y mayores de 80, con un peso del 7%, al que se suma el número de parados sin prestación como indicador de exclusión social. También se incorporan criterios como superficie, dispersión, insularidad y costes fijos, especialmente relevantes para las comunidades afectadas por la despoblación.

Más capacidad tributaria y autonomía fiscal

El modelo incrementa la capacidad tributaria de las comunidades, lo que se traducirá en casi 16.000 millones más en 2027. La cesión del IRPF aumentará del 50% al 55% y la del IVA del 50% al 56,5%. Además, se integran nuevos tributos como el Impuesto sobre el Patrimonio, los depósitos bancarios, determinadas actividades del juego y el depósito de residuos en vertederos.

Nivelación horizontal y vertical

El sistema refuerza la nivelación horizontal garantizando que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Las comunidades con menor financiación recibirán más recursos, mientras que las que se sitúan por encima de la media contribuirán al equilibrio del sistema.

En paralelo, la nivelación vertical se refuerza con una aportación estatal de 19.000 millones de euros para reducir en dos tercios la distancia entre la comunidad con más recursos, actualmente Madrid, y las que se sitúan en posiciones más alejadas.

Otros elementos del modelo

El sistema incorpora un mecanismo de IVA para pymes que permitirá a las comunidades recibir parte de la recaudación generada por las pequeñas y medianas empresas en su territorio. Además, se crea un fondo climático dotado con unos 1.000 millones de euros para afrontar los efectos del cambio climático, con especial atención al litoral mediterráneo.

La garantía de statu quo asegura que ninguna comunidad pierda recursos en la transición al nuevo modelo, con una aportación estatal adicional de unos 400 millones, que beneficiará especialmente a regiones como Cantabria y Extremadura.

También se incluye un mecanismo complementario para financiar competencias no homogéneas y se ofrece a las comunidades la posibilidad de optar por nuevos sistemas de gestión tributaria más ágiles, incluyendo un modelo de caja compartida y una gestión en red del sistema impositivo.

Menores diferencias entre comunidades

Según ha destacado Montero, el nuevo modelo reduce de forma significativa las desigualdades territoriales. La diferencia entre la comunidad con mayor y menor financiación por habitante ajustado pasa de 1.500 euros en el modelo actual a 477 euros antes de aplicar el statu quo, y a unos 700 euros tras la corrección final, lo que supone reducir a la mitad el diferencial vigente.

La ministra ha concluido defendiendo que se trata de un modelo que incrementa los recursos, refuerza el Estado del bienestar, respeta las singularidades territoriales, fortalece la solidaridad interterritorial y eleva la autonomía fiscal, combinando mecanismos de negociación multilateral y bilateral.