Ana Redondo: “Los derechos de las mujeres deben estar protegidos por la Constitución, no sujetos a mayorías políticas”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para detallar dos iniciativas clave del Gobierno: la reforma constitucional que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción voluntaria de su embarazo y el anteproyecto de Ley Orgánica de Violencia Vicaria, que desarrolla el Pacto de Estado contra la violencia de género.

Durante su intervención, Redondo subrayó la trascendencia jurídica, política y social de la propuesta de reforma constitucional, que busca incluir un nuevo apartado en el artículo 43 de la Carta Magna. El texto establecerá expresamente que “se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo ejercicio será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”.

La titular de Igualdad explicó que el objetivo no es solo reconocer este derecho, sino garantizar las condiciones materiales para su ejercicio, vinculándolo a la sanidad pública y reforzando la dimensión social de la igualdad. “Un derecho que depende de la capacidad económica o del código postal de cada mujer no es un derecho, es una desigualdad institucionalizada”, afirmó.

Redondo insistió en que los derechos de las mujeres deben quedar protegidos por la Constitución, blindados frente a cambios políticos o interpretaciones legislativas variables. “Los derechos de las mujeres deben estar protegidos en la norma suprema del Estado, como expresión de libertad, dignidad e igualdad”, sentenció.

Avances contra la violencia vicaria

La ministra también presentó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Violencia Vicaria, una norma que reconoce de forma autónoma esta forma de violencia dentro de la legislación española y que desarrolla las medidas 280 a 320 del Pacto de Estado contra la violencia de género.

“La violencia vicaria es la negación absoluta de la humanidad: el intento deliberado de aniquilar a la mujer a través del daño más irreparable que se le puede causar”, afirmó Redondo.

El anteproyecto introduce una definición expresa en la Ley Orgánica 1/2004, reconociendo la violencia vicaria como aquella que se ejerce sobre una mujer por parte de su pareja o expareja a través de una tercera persona, con el fin de dañar su integridad moral. Además, se crea un nuevo artículo 173 bis en el Código Penal, que tipifica esta conducta con penas específicas y permite al juez prohibir la difusión o publicación de informaciones que prolonguen el daño moral o la exposición pública de las víctimas.

Otra de las medidas destacadas es el refuerzo del derecho de los menores a ser escuchados en los procesos judiciales, junto con la formación obligatoria y especializada en materia de violencia vicaria para jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia.

“Tipificar una conducta no basta —subrayó Redondo—. Es necesario dotar al sistema de conocimiento, sensibilidad y recursos para aplicarla correctamente”.

La ministra concluyó su intervención recordando que estas dos reformas, la constitucional y la legislativa, son un paso firme hacia una España más igualitaria y democrática: “Con estas medidas reafirmamos que la igualdad entre mujeres y hombres no es una aspiración, sino una garantía constitucional y un compromiso democrático irrenunciable”.