Bustinduy anuncia la prohibición de bebidas energéticas a menores y nuevas restricciones a la publicidad infantil
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años en España. Además, la restricción se ampliará hasta los 18 años en el caso de aquellas bebidas que contengan más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
El anuncio se ha realizado en Barcelona, antes de una reunión con representantes de la Gasol Foundation, entidad centrada en la reducción de la obesidad infantil mediante la promoción de hábitos de vida saludables.
Amplio respaldo social a la prohibición
La medida cuenta con un fuerte apoyo ciudadano. Según el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), nueve de cada diez personas en España están a favor de prohibir la venta de bebidas energéticas a menores.
El respaldo es especialmente significativo entre los jóvenes: un 88,3% de los encuestados de entre 18 y 35 años apoya la prohibición. Este dato refuerza, según el ministro, la necesidad de actuar ante un problema que genera creciente preocupación social.
El estudio también revela cifras relevantes sobre el consumo: el 25% de los encuestados reconoce consumir bebidas energéticas, con una frecuencia media de dos veces por semana. Además, el 49% de quienes las consumen toma al menos una al día y el 47% las mezcla regularmente con alcohol, un hábito que incrementa los riesgos para la salud.
Riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas
La decisión del Ejecutivo se apoya también en el informe elaborado en 2021 por el Comité Científico de la AESAN sobre los riesgos del consumo de bebidas energéticas. Dicho documento advertía de que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados.
Entre las consecuencias señaladas se encuentran alteraciones del sueño —tanto en la conciliación como en la duración—, efectos psicológicos, cambios en el comportamiento y posibles trastornos cardiovasculares. El informe subraya que un consumo elevado de cafeína en menores puede tener efectos especialmente perjudiciales en su desarrollo y salud a medio y largo plazo, lo que ha reforzado la voluntad del Ministerio de regular su acceso.
Esta nueva regulación se sumará a la prohibición de vender bebidas energéticas en centros escolares de todo el país, aprobada el pasado año mediante el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles.
Asimismo, la iniciativa se alinea con medidas adoptadas en países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania. En el ámbito nacional, comunidades autónomas como Xunta de Galicia y el Gobierno del Principado de Asturias ya han impulsado normativas similares, lo que, a juicio de Consumo, refuerza la necesidad de armonizar la legislación a nivel estatal.
Nueva regulación de la publicidad de alimentos no saludables
En paralelo, el Ministerio también regulará la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niñas, niños y adolescentes.
El barómetro de la AESAN refleja que casi el 80% de la población considera que debería prohibirse la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. Actualmente, en España cada niño recibe más de 4.000 anuncios anuales de comida no saludable solo a través de la televisión, lo que equivale a casi 11 anuncios diarios, cifra que asciende a 30 al día si se suman otros canales.
Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten de que la exposición continuada a este tipo de publicidad incrementa la ingesta calórica, fomenta el consumo de productos poco nutritivos y tiene efectos perjudiciales sostenidos en la salud infantil. Además, alertan sobre el uso de técnicas persuasivas que apelan a emociones, influencers o ídolos deportivos para promover alimentos con alto contenido en grasas, azúcares o sal.
Según datos citados por el ministro, un 80% de niñas, niños y adolescentes en España consume alimentos y bebidas no saludables, una situación que afecta con mayor intensidad a familias con menos recursos.
Bustinduy ha defendido que estas medidas responden a una cuestión de salud pública y a la necesidad de garantizar los derechos de la infancia, subrayando que la protección de menores debe situarse por encima de los intereses comerciales.
