En el marco de la Comisión de Investigación del caso Koldo-Ábalos-PSOE, el portavoz de Transportes del PP y senador por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, acusó a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE y actual mano derecha de Pedro Sánchez, de haber tenido el control sobre las adjudicaciones de obras en Navarra y País Vasco, siempre en unión temporal de empresas (UTE) con compañías vinculadas a su entorno.
Las declaraciones se produjeron durante la comparecencia del empresario y ex directivo de Acciona, Fernando Merino, al que la Unidad Central Operativa (UCO) sitúa como figura clave en las concesiones investigadas. Sanz Vitorio subrayó que “los silencios y la negativa a responder” de Merino evidencian el entramado de corrupción que, según el PP, operaba bajo la supervisión de Cerdán.
El senador recordó que la investigación tiene su origen en la pandemia, “cuando unos golfos constituidos en organización criminal se aprovecharon para sacar tajada”. En este sentido, vinculó a Merino con supuestas concesiones amañadas, como recoge el informe de la UCO, y lo acusó de haber realizado pagos de hasta 10.000 euros en mano en Ferraz para garantizar contratos.
Sanz Vitorio detalló diversas UTE en las que aparecía Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán, incluso con participaciones mínimas, lo que, en su opinión, demuestra que su papel era asegurar adjudicaciones gracias a los contactos políticos. “¿Era Santos Cerdán el recaudador?”, preguntó el senador al empresario, que evitó responder.
La intervención también señaló la expansión del modelo de corrupción a Andalucía, citando las obras de la autovía E30 en Sevilla y la obsesión de Cerdán con el puente del Centenario, según recogen conversaciones intervenidas por la UCO. Además, vinculó la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes con la extensión de estas prácticas a nivel nacional, siempre bajo la dirección de Cerdán.
Finalmente, Sanz Vitorio aseguró que “la ley caerá sobre quienes participaron en esta trama” y pidió explicaciones claras al empresario Merino, quien admitió haberse interesado por contratos vinculados a empresas familiares, pese a haber negado inicialmente cualquier relación con adjudicaciones.
