Derechos Sociales sanciona a Airbnb con 64 millones por anuncios irregulares de viviendas turísticas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 64.055.311 euros a la plataforma Airbnb por vulnerar de forma reiterada la normativa de consumo mediante la publicación de anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por otras infracciones relacionadas con la falta de información y la obstrucción a la labor inspectora de la Administración.
La resolución, fechada el 15 de diciembre de 2025, es firme y pone fin a la vía administrativa tras resolverse el recurso de alzada presentado por la plataforma ante el ministro del área, Pablo Bustinduy. Según detalla el Ministerio, la sanción responde a una investigación que ha identificado 65.122 anuncios irregulares publicados en Airbnb, muchos de ellos sin el número de registro obligatorio o con datos que no se corresponden con los sistemas oficiales de las comunidades autónomas.
Además de la multa económica, la resolución incorpora dos sanciones accesorias de especial relevancia: la obligación de eliminar todos los contenidos ilícitos detectados y la exigencia de hacer pública la sanción impuesta, reforzando así el carácter ejemplarizante de la actuación administrativa.
La infracción principal, considerada grave, se encuadra dentro de las prácticas comerciales desleales tipificadas en el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU). El Ministerio considera acreditado que Airbnb incurrió en publicidad engañosa, al anunciar alojamientos sin licencia y al no ofrecer información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, impidiendo a los consumidores conocer si contrataban con particulares o con profesionales.
La cuantía de la sanción principal equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma, calculado desde el momento en que el Ministerio apercibió a Airbnb hasta la retirada efectiva de los anuncios. Esta actuación ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden ministerial de retirada de contenidos.
A esta infracción se suman otras sanciones adicionales. Por un lado, el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al omitir información esencial sobre los anfitriones, ha sido sancionado como infracción leve con 10.000 euros. Por otro, la obstrucción a la labor inspectora, al no responder a los requerimientos de información durante la instrucción del expediente, conlleva otra multa leve de 10.000 euros.
Asimismo, el Ministerio ha sancionado a Airbnb con 55.000 euros adicionales por incumplir órdenes y medidas provisionales dictadas durante la tramitación del expediente con el objetivo de evitar daños a los consumidores, una infracción calificada como grave.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se subraya que esta sanción se enmarca en una estrategia más amplia para combatir los abusos en el mercado de la vivienda, un ámbito en el que también permanecen abiertos otros expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos.
El ministro Pablo Bustinduy ha señalado que la crisis de la vivienda es uno de los principales problemas del país y ha advertido de que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”. En este sentido, ha sido contundente al afirmar que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
