El Consejo de Ministros impulsa el nuevo marco legal para regular las prácticas no laborales
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma comprometida en la reforma laboral de 2021 que busca delimitar con claridad la frontera entre formación y relación laboral.
La medida pretende erradicar prácticas fraudulentas que encubren contratos de trabajo bajo la apariencia de becas, una situación que, según el Ejecutivo, ha generado precariedad y abuso durante años. La norma delimita la frontera entre las relaciones laborales y las actividades formativas y permitirá erradicar prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral, lo que, según el Gobierno, contribuirá al incremento del empleo juvenil de calidad.
Dos millones de jóvenes cotizando por sus prácticas
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que la aprobación llega en un momento especialmente relevante: más de dos millones de jóvenes han cotizado por sus prácticas formativas no remuneradas desde el 1 de enero de 2024, de los cuales el 56% son mujeres.
Saiz ha subrayado que el Estatuto del Becario “garantiza derechos y evita el abuso de los jóvenes estudiantes que están dando sus primeros pasos en el mercado laboral”.
En la misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha señalado que el objetivo de la norma es “calibrar qué es la formación de calidad en España, preservarla y convertirla en un elemento de excelencia”.
Qué regula el nuevo Estatuto
El texto establece que las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a enseñanzas promovidas por los sistemas públicos de empleo. Si no existe esa vinculación, se considerará que hay relación laboral ordinaria.
Asimismo, también se entenderá que existe relación laboral cuando la persona en prácticas sustituya a un trabajador o desempeñe funciones estructurales propias de la plantilla.
A partir de la entrada en vigor de la ley, las prácticas deberán formalizarse obligatoriamente por escrito. Las empresas estarán obligadas a firmar un acuerdo o convenio de cooperación con el centro formativo en el que se detalle el contenido formativo, la duración máxima y el plan individual de aprendizaje.
Además, cada persona en prácticas contará con una doble tutorización: un tutor en la empresa o administración y otro en el centro educativo.
Prohibición de pagar por hacer prácticas y compensación de gastos
El proyecto prohíbe expresamente el acceso a prácticas mediante el pago por parte del estudiante, una práctica detectada en algunos sectores. También reconoce el derecho a la compensación de los gastos derivados de la actividad formativa no laboral.
La Inspección de Trabajo verá reforzado su papel, con un endurecimiento de las sanciones en caso de incumplimiento. Las multas podrán superar los 250.000 euros en los supuestos más graves.
Lucha contra la precariedad juvenil
Yolanda Díaz ha reiterado que el Ejecutivo está comprometido con la lucha contra la precariedad y el desempleo juvenil, defendiendo que esta norma responde a una demanda histórica de la juventud.
La ministra ha agradecido el diálogo con los agentes sociales durante la elaboración del texto y ha instado al principal partido de la oposición a respaldar el proyecto durante su tramitación parlamentaria.
Con la aprobación en el Consejo de Ministros, el Estatuto del Becario inicia ahora su recorrido en las Cortes, donde podrá incorporar enmiendas antes de su aprobación definitiva.
