El Consejo de Ministros ha acordado solicitar formalmente a la Fiscalía General del Estado que investigue posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante contra menores difundidos a través de redes sociales. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien ha advertido de que la amplificación de estos contenidos mediante algoritmos supone una amenaza directa para la seguridad y la protección de la infancia.
“Está en juego la seguridad de nuestros hijos y la protección de su imagen”, ha señalado la portavoz, subrayando que el Ejecutivo no permitirá que las plataformas digitales puedan convertirse en espacios donde se normalice o se amplifique la violencia sexual digital contra menores.
La medida constituye la primera acción concreta del paquete anunciado por el presidente del Gobierno durante su intervención en Dubái y se fundamenta en un informe técnico elaborado conjuntamente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; y el Ministerio de Juventud e Infancia.
A partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia trasladará a la Fiscalía la petición formal para que analice los hechos y determine si existen indicios suficientes para abrir diligencias y, en su caso, perseguir penalmente estos posibles delitos en las principales plataformas digitales.
Elma Saiz ha calificado la situación como un problema “de enorme relevancia” y ha ilustrado su gravedad con un dato especialmente preocupante: en apenas 11 días se habrían generado tres millones de imágenes de desnudos mediante inteligencia artificial, muchas de ellas correspondientes a menores de edad.
El Gobierno considera que la proliferación de este tipo de contenidos, especialmente cuando son creados o manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial, exige una respuesta coordinada y contundente desde el ámbito penal y regulatorio, con el objetivo de reforzar la protección digital de la infancia y garantizar que los entornos online no se conviertan en espacios de impunidad.
