El Estado actúa contra Madrid por negar el registro de objetores y limitar el derecho al aborto en la sanidad pública
El conflicto entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid por la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo entra en una nueva fase. El Ejecutivo ha iniciado acciones legales contra el Gobierno madrileño tras comprobar que este ha ignorado reiteradamente la obligación de crear el registro confidencial de objetores de conciencia, una herramienta clave para garantizar el acceso al aborto en la sanidad pública.
Este registro, establecido por la reforma legal de 2023, debe ser implantado por todas las comunidades autónomas y permitir a los hospitales organizar sus servicios sin vulnerar el derecho de objeción del personal sanitario. Pese a ello, la Comunidad de Madrid se ha negado una y otra vez a poner en marcha este sistema, desatendiendo el requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, donde se le recordaba el deber de cumplir con la normativa vigente.
El 16 de diciembre de 2024, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó por unanimidad el protocolo para la creación del registro. Al tratarse de un acuerdo vinculante, todas las comunidades están obligadas a aplicarlo. Superado el plazo fijado para su cumplimiento, y constatada la falta de actuación del Ejecutivo madrileño, el Gobierno central ha dado instrucciones a la Abogacía General del Estado para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la Ley 29/1998.
La negativa de Madrid, advierte el Ejecutivo, limita la libertad de las mujeres y genera desigualdad entre territorios, ya que en esta comunidad más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo se derivan a clínicas privadas. El registro de objetores busca precisamente evitar que los hospitales públicos se vean incapacitados para ofrecer este servicio y se vean obligados a remitir de forma sistemática a las pacientes a centros externos.
El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad remitió el mismo requerimiento a las tres comunidades que aún no habían cumplido la ley: Aragón, Illes Balears y Madrid. Tanto Aragón como Baleares comunicaron de inmediato el inicio de los trámites. La Comunidad de Madrid, sin embargo, volvió a reiterar su rechazo a la creación del registro, persistiendo en una postura que, según el Gobierno central, “bloquea un derecho fundamental recogido en la legislación vigente”.
El Ejecutivo ha subrayado que continuará empleando todos los mecanismos disponibles para asegurar el cumplimiento de la ley en todas las autonomías. Su objetivo, recalca, es garantizar que todas las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con plenas garantías en la sanidad pública, sin barreras administrativas ni desigualdades derivadas del territorio en el que residan.
