El Gobierno convoca 66 millones en ayudas para reparar infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial por la que se convocan subvenciones por un importe total de 65,99 millones de euros destinadas a reparar infraestructuras municipales, equipamientos e instalaciones dañadas por catástrofes naturales entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025.
Estas ayudas forman parte del acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de abril de 2025, que declaró como “Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” a los territorios impactados por inundaciones y otros fenómenos adversos.
Comunidades autónomas beneficiarias
Las subvenciones están dirigidas a entidades locales de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia, donde se registraron graves daños en infraestructuras y servicios públicos.
Procedimiento más ágil
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha reducido los plazos de tramitación a la mitad. Hasta ahora, obtener una resolución tras una catástrofe podía tardar hasta dos años, mientras que el nuevo sistema agiliza notablemente la gestión.
Plazo y forma de presentación
Las solicitudes deberán presentarse hasta el 6 de octubre de 2025 de forma electrónica a través de la aplicación informática “AURA – Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales”, accesible desde la sede electrónica del Ministerio.
Los proyectos subvencionables son aquellos directamente relacionados con los siniestros recogidos en el anexo de la resolución y que ejecuten ayuntamientos, diputaciones provinciales, consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, comarcas o mancomunidades. Se financiarán obras de reparación y restitución de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial e insular.
Con este paquete de ayudas, el Gobierno busca restablecer la normalidad en los municipios afectados, garantizar la prestación de servicios básicos y reforzar la resiliencia territorial frente a futuros fenómenos naturales adversos.
