El Gobierno toma el control del alquiler: más regulación, incentivos fiscales y vivienda pública en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto-Ley con un amplio paquete de medidas para mejorar el acceso a la vivienda, reforzar la seguridad jurídica de inquilinos y propietarios y poner freno a los abusos del mercado del alquiler. El objetivo del Ejecutivo es combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible, especialmente para jóvenes y familias.
Durante su visita al inicio de los trabajos de demolición del antiguo acuartelamiento de Campamento, en Madrid, Sánchez ha detallado que la nueva norma actuará en varios frentes clave del mercado del alquiler, combinando regulación, incentivos fiscales y un refuerzo de la vivienda pública.
Incentivos fiscales para estabilizar los precios del alquiler
Uno de los pilares del Real Decreto-Ley será el despliegue de un sistema de incentivos fiscales a través del IRPF, dirigido a los propietarios que contribuyan a contener las subidas de precios en la renovación de los contratos de alquiler. Cada año, cientos de miles de ciudadanos firman o renuevan contratos en un mercado cada vez más tensionado.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno modulará los beneficios fiscales para favorecer la prórroga de contratos, la renovación de alquileres existentes y la firma de nuevos contratos asequibles y estables. Esta medida busca ampliar la oferta de vivienda en alquiler, reducir la volatilidad de los precios y ofrecer mayor seguridad a los proyectos de vida de jóvenes y familias.
Intervención del alquiler de temporada para evitar fraudes
El Ejecutivo también intervendrá el mercado del alquiler de temporada para acabar con su uso fraudulento y especulativo, una práctica que se ha intensificado en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades. En Madrid, este tipo de alquiler se ha triplicado desde 2023, mientras que en ciudades como Barcelona, Cádiz o San Sebastián representa cerca del 80 % de los anuncios inmobiliarios.
La nueva regulación protegerá a los inquilinos frente a contratos de corta duración que se encadenan año tras año, evitando subidas indiscriminadas del alquiler cuando exista una voluntad real de residencia habitual. Además, el control de precios se extenderá a los contratos temporales en las comunidades que hayan declarado zonas tensionadas, y se creará un régimen sancionador para quienes incumplan la normativa estatal.
Freno a los abusos en el alquiler por habitaciones
Otro de los ejes del Real Decreto-Ley será la ordenación del mercado del alquiler por habitaciones, una modalidad que, en muchos casos, se ha utilizado para fragmentar viviendas y eludir la regulación del alquiler residencial, incrementando artificialmente las rentas.
Para frenar estos abusos, el Gobierno extenderá las garantías del alquiler habitual a los contratos por habitaciones, limitando la renta total del conjunto de habitaciones a la del contrato de la vivienda completa. Además, en las zonas declaradas tensionadas, estos contratos estarán sujetos al control de precios contemplado en la Ley de Vivienda.
Operación Campamento: 10.700 viviendas públicas asequibles
Junto a las medidas regulatorias, el Ejecutivo ha dado inicio a las obras de la Operación Campamento en Madrid, un proyecto bloqueado desde 1989 que permitirá la construcción de 10.700 viviendas públicas asequibles blindadas frente a la especulación.
Este desarrollo será posible gracias a Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda, que asumirá la gestión y promoción del parque público residencial. El Gobierno considera esta actuación clave para ampliar la oferta de vivienda asequible y aliviar la presión sobre el mercado del alquiler privado.
Todas estas medidas deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. Con ellas, el Ejecutivo refuerza su estrategia para regular el mercado del alquiler, ampliar la oferta de vivienda y mejorar la protección de inquilinos y propietarios, avanzando así en la efectividad del derecho constitucional a una vivienda digna.
