El Partido Popular elevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general por “riesgo extremo para la separación de poderes”
El Partido Popular trasladará al Parlamento Europeo la reciente condena impuesta por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al entender que se trata de un episodio de extrema gravedad institucional que afecta directamente al funcionamiento democrático y a la separación de poderes en España. La formación considera imprescindible que las instituciones europeas tengan conocimiento de un caso que, a su juicio, representa una alerta seria sobre el estado del Estado de derecho en nuestro país.
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha sido especialmente contundente al valorar la sentencia. Según ha afirmado, la condena al fiscal general constituye “uno de los episodios más graves que ha afrontado nuestra democracia desde el punto de vista institucional”. En su opinión, el fallo judicial constata que “quien debía ser garante último de la legalidad utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho”.
Montserrat ha insistido en que “no se trata de un desliz aislado”, sino de “una quiebra deliberada de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal”. A esta afirmación ha sumado una crítica directa al Ejecutivo de Pedro Sánchez, asegurando que “lo verdaderamente alarmante es que el Gobierno no actuó para preservar la integridad institucional, sino que mantuvo y amparó al fiscal general hasta el final, incluso cuando ya existían indicios sólidos de su conducta irregular”.
En la misma línea, el secretario de Libertades Públicas del Partido Popular y eurodiputado, Adrián Vázquez, ha recalcado que la condena supone “la confirmación judicial de que la persona encargada de garantizar la legalidad delinquió por razones políticas, rompiendo la separación de poderes”. Para Vázquez, la gravedad del caso no radica únicamente en la conducta del fiscal general, sino en la reacción del Ejecutivo. “Lo peor es la respuesta del Gobierno contra el sistema judicial”, ha afirmado, alertando de que esta actitud no se corresponde con los valores propios de una democracia consolidada.
El eurodiputado ha señalado que el respaldo explícito del Gobierno al fiscal general “no encaja con los estándares democráticos de una democracia madura como la española”. A su juicio, el Ejecutivo “está atacando una sentencia que aún no ha podido leer e intentando deslegitimar a un Tribunal Supremo que también ampara sus derechos”. Esta actitud, ha añadido, evidencia “un deterioro institucional que Europa no puede ignorar”.
Vázquez ha insistido en que el caso trasciende el debate político y afecta al núcleo del funcionamiento democrático. Ha recordado que “la separación de poderes es la piedra angular del Estado de derecho español y europeo”, y que cuando un fiscal general es condenado y el Gobierno responde cuestionando el fallo mientras continúa defendiendo su inocencia, “lo que se erosiona no es solo la credibilidad de la Fiscalía, sino la confianza ciudadana en que las instituciones actúan sin injerencias”.
Desde el Partido Popular se reclama desde hace tiempo que la Unión Europea intervenga cuando un Estado miembro exhibe signos de quiebra en la separación de poderes o vulneraciones en la independencia judicial. En este contexto, la delegación popular en Bruselas elevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general para exponer lo que consideran una erosión preocupante del Estado de derecho en España.
