El presidente defiende en Bruselas una Europa unida, social y con mayor peso internacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros han abordado los principales retos estratégicos de la Unión Europea en un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica, la transformación económica y la presión sobre los sistemas democráticos.
Durante su intervención, Sánchez ha defendido la necesidad de que la Unión actúe con unidad, coherencia y determinación para reforzar su papel en el escenario global, apostando por una Europa más influyente, abierta al mundo y fiel a su modelo social.
Uno de los asuntos centrales del Consejo ha sido el apoyo financiero a Ucrania. El presidente del Gobierno ha informado del acuerdo alcanzado por los Veintisiete para que la Unión Europea proporcione de forma urgente un préstamo de 90.000 millones de euros para los próximos dos años, financiado mediante deuda conjunta y garantizado por el presupuesto comunitario. Sánchez ha subrayado que esta medida se complementa con la decisión histórica adoptada recientemente de inmovilizar de forma permanente los activos rusos, lo que permitirá avanzar en un préstamo de reparación basado en dichos fondos.
En el marco del Consejo, Pedro Sánchez ha mantenido además un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, al que ha reiterado el compromiso firme de España y de la Unión Europea de seguir apoyando financiera y políticamente al país. Según ha señalado, este respaldo responde tanto a razones morales como al respeto a la legalidad internacional.
Otro de los grandes debates ha girado en torno al Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. En este punto, el presidente del Gobierno ha defendido unos presupuestos europeos ambiciosos, que alcancen el 2% del PIB de los Estados miembros, como herramienta clave para responder a las necesidades reales de la ciudadanía. Sánchez ha insistido en que estos recursos deben servir para desarrollar bienes públicos europeos, impulsar la innovación, liderar las transiciones verde y digital, reforzar la cohesión social y territorial y consolidar el pilar social, con especial atención a la política de vivienda.
La economía y la competitividad también han ocupado un lugar destacado en las discusiones. Sánchez ha defendido el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al que ha calificado como una oportunidad histórica para crear la mayor zona de libre comercio del mundo y fomentar la prosperidad económica. En este contexto, ha hecho un llamamiento a los Estados miembros para que apuesten por una Europa abierta que ofrezca nuevas oportunidades a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas.
En materia medioambiental, el presidente ha reivindicado el mantenimiento del Pacto Verde Europeo como elemento central de la competitividad de la Unión y ha apelado a seguir liderando la lucha contra el cambio climático a nivel global.
Asimismo, Sánchez ha destacado que, a iniciativa de España, las conclusiones del Consejo recogen el impulso al Nuevo Pacto por el Mediterráneo y la creación de una Estrategia para una Macrorregión Atlántica, promovida junto a Francia, Portugal e Irlanda. Esta iniciativa permitirá una mayor integración de la fachada atlántica y generará sinergias financieras para mejorar infraestructuras, conectividad y comunicaciones.
En política internacional, el presidente ha abordado la situación en Palestina, defendiendo un papel activo de la Unión Europea en la búsqueda de la paz y en el fortalecimiento de la Autoridad Palestina. También ha condenado la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania y ha reclamado que la ayuda humanitaria llegue con rapidez y en cantidad suficiente.
Por último, Pedro Sánchez ha subrayado el debate impulsado por España sobre la lucha contra la desinformación y la influencia de los tecno-oligarcas en los procesos democráticos. En este ámbito, ha sido contundente al afirmar que la soberanía digital europea es irrenunciable, instando a la Unión a exigir responsabilidades a las plataformas digitales y a garantizar espacios seguros para el flujo de información.
