España avanza hacia una regulación estricta de las redes sociales tras el choque con Telegram

El Gobierno de España ha defendido con contundencia las nuevas medidas de regulación de las redes sociales anunciadas el pasado 3 de febrero, tras el mensaje masivo enviado el 4 de febrero por el fundador de Telegram, Pável Dúrov, a todos los usuarios de la aplicación en España. Según fuentes de Moncloa, se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país y una demostración clara de la necesidad urgente de establecer límites y responsabilidades en el ecosistema digital.

El Ejecutivo considera que el mensaje difundido por Dúrov contiene mentiras y ataques ilegítimos contra el Gobierno y responde a una estrategia destinada a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Desde Moncloa se subraya que nunca antes un directivo de una gran plataforma tecnológica había utilizado su control absoluto sobre una aplicación de mensajería para enviar propaganda política directa a millones de ciudadanos en España.

Este choque se produce apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara desde Dubái un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias destinadas a frenar los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales, con especial atención a la protección de los menores.

Pedro Sánchez anuncia la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años

Durante su intervención central en la inauguración del World Governments Summit, celebrada el 3 de febrero, Pedro Sánchez trasladó un sentido de urgencia en lo que definió como un momento clave para las generaciones venideras. El presidente alertó del “estado fallido” en el que, a su juicio, ha derivado el ecosistema de las redes sociales, un espacio donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.

Sánchez situó la gobernanza digital como uno de los grandes desafíos de nuestra era y defendió la necesidad de recuperar el control democrático de unas plataformas que hoy concentran un enorme poder sin una rendición de cuentas efectiva. En su discurso, advirtió sobre la expansión de la desinformación, los discursos de odio, la desprotección de los datos personales y el impacto directo que todo ello tiene en los menores, cuyo uso de las redes está plenamente integrado en su vida cotidiana.

Entre las medidas anunciadas, el presidente fue tajante: España prohibirá el acceso a las plataformas digitales a los menores de dieciséis años, obligando a las empresas tecnológicas a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. El objetivo, según el Ejecutivo, es proteger la salud mental, el desarrollo emocional y la seguridad de niños y adolescentes frente a entornos digitales que hoy carecen de controles suficientes.

En España, más del 90 % de los menores de entre 4 y 10 años supera el tiempo diario recomendado frente a pantallas y más del 20 % de los adolescentes de entre 10 y 15 años reconoce estar conectado de forma permanente. A ello se suma un aumento del 13 % en las denuncias por abusos sexuales digitales contra menores en los últimos dos años y la proliferación de los deepfakes pornográficos, que se han multiplicado por 16 en apenas tres años.

El Gobierno subraya que estas medidas no implican la recopilación masiva de datos personales, sino que buscan dificultar los modelos criminales que se benefician de la ausencia de controles, un problema que afecta de forma especial a plataformas con mínima moderación de contenidos, como Telegram.

Responsabilidad legal, algoritmos y “huella del odio”

Pedro Sánchez también anunció una reforma legal para poner fin a la impunidad de los directivos de las grandes plataformas digitales. De prosperar, los responsables de estas empresas podrán ser legalmente responsables si no retiran contenidos ilegales o de odio una vez hayan sido notificados. El Ejecutivo recuerda que esta obligación ya está recogida en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea y que en ningún caso vulnera la libertad de expresión.

Asimismo, el presidente avanzó que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenidos ilegales o desinformadores, con el fin de evitar que los sistemas automatizados se utilicen para maximizar el impacto de mensajes nocivos.

En defensa de la soberanía digital y apelando a la “tolerancia cero” frente a cualquier forma de coerción, Sánchez anunció que el Gobierno trabajará junto a la Fiscalía para investigar posibles infracciones legales cometidas por plataformas como Grok, TikTok e Instagram.

Por último, para combatir los discursos de odio, el Ejecutivo impulsará la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una “Huella de Odio y Polarización”. Solo en 2025 se detectaron cerca de 900.000 contenidos de odio en redes sociales en España, y uno de cada cinco menores ha vivido o presenciado situaciones de violencia online. Las llamadas al teléfono 017 por parte de menores aumentaron un 41 % entre 2023 y 2024.

Desde Moncloa insisten en que estas iniciativas no buscan censurar, sino garantizar un entorno digital más seguro, transparente y plural, frente a un modelo de plataformas que, según el Gobierno, confunde la ausencia de control con la libertad y permite que intereses privados se impongan al interés general.