España culmina la reforma judicial con la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad culminar la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia antes del 31 de diciembre, un paso decisivo que permitirá la activación de los Tribunales de Instancia a comienzos del próximo año.
El acuerdo se ha alcanzado durante la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada por videoconferencia y presidida por el ministro Félix Bolaños, en la que se han analizado los primeros resultados de una reforma considerada la mayor transformación estructural del sistema judicial español en décadas.
La ley, en vigor desde el pasado mes de abril, ya está ofreciendo resultados tangibles. Según los datos presentados por el Ministerio, los actos de comunicación pendientes —como notificaciones o requerimientos— se han reducido de media un 36 % en las comunidades analizadas. En paralelo, la agilización en la ejecución de sentencias ha permitido disminuir las ejecutorias pendientes hasta en un 69 % en algunos territorios.
Otro de los avances destacados es el uso de las Oficinas de Justicia en el Municipio. Desde su puesta en marcha en junio, los ciudadanos han realizado casi 98.400 trámites judiciales, un servicio inexistente hasta ahora y que facilita el acceso a la Justicia desde cualquier punto del territorio.
Activación progresiva de los Tribunales de Instancia
Durante el encuentro, Ministerio y comunidades autónomas han abordado la tercera y última fase de implantación de la ley, que contempla la entrada en funcionamiento de 100 Tribunales de Instancia en grandes partidos judiciales como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Palma o Valladolid.
Las oficinas judiciales que darán soporte técnico a estos tribunales comenzarán a operar a partir del 31 de diciembre. No obstante, en los partidos judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés la activación se retrasará hasta el 15 de febrero para facilitar los últimos ajustes técnicos necesarios.
Asimismo, se ha acordado dotar de flexibilidad al proceso de implantación para que la entrada en funcionamiento de los distintos equipos se realice de manera progresiva, atendiendo a las necesidades organizativas y a la carga de trabajo, sin que en ningún caso se vea afectado el servicio público de Justicia.
Un nuevo modelo judicial más eficiente
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce una profunda reforma organizativa al transformar los 3.800 juzgados unipersonales actuales en 431 Tribunales de Instancia. Estos órganos colegiados cuentan con jueces distribuidos en secciones especializadas y una única Oficina Judicial de apoyo, lo que permite optimizar recursos, equilibrar cargas de trabajo y mejorar la agilidad de los procedimientos.
Más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento a lo largo del año sin incidencias relevantes. En comunidades como Andalucía, la pendencia de los actos de comunicación se ha reducido un 43,8 %, mientras que en la Comunitat Valenciana el descenso alcanza el 34 % y en Canarias el 22 %.
En cuanto a la ejecución de sentencias, Andalucía registra una reducción del 69 % de ejecuciones pendientes, Castilla-La Mancha del 55 %, y Cataluña y la Comunitat Valenciana del 27 %, con una media global del 30 % en las comunidades evaluadas.
Menos litigios y más acuerdos
La ley también introduce cambios procesales para reducir la litigiosidad, entre ellos la obligatoriedad de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de acudir a los tribunales. Esta medida ya está teniendo impacto: según el Consejo General del Poder Judicial, los nuevos litigios civiles descendieron un 30,9 % en el tercer trimestre del año.
Coordinación, formación e inversión histórica
Desde el inicio de la implementación, el Ministerio y las comunidades autónomas han celebrado 27 reuniones técnicas de seguimiento y siete Comisiones Sectoriales. Además, se ha desplegado un amplio plan de formación con 280 sesiones informativas, más de 300 cursos en digitalización y la participación de más de 15.000 profesionales del ámbito judicial.
En términos económicos, el Ministerio ha invertido más de 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las comunidades con competencias transferidas en Justicia. A ello se suma un ahorro estimado de cerca de 300 millones de euros en la próxima década.
La culminación de esta reforma supone un hito histórico para la Justicia española, fruto del trabajo conjunto de administraciones, jueces, magistrados, letrados y funcionarios, y marca el inicio de un modelo judicial más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía.
