El Gobierno de España ha aprobado este martes un paquete de nueve medidas urgentes destinadas a detener el genocidio en Gaza, sancionar a sus responsables y fortalecer el apoyo a la población palestina. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, defendió que “España se sitúa en el lado correcto de la historia” y subrayó que el país mantiene una posición firme a favor de la paz y los derechos humanos en Oriente Medio.
Las iniciativas entran en vigor de inmediato y consolidan la estrategia diplomática y humanitaria española iniciada en 2023 con el reconocimiento del Estado palestino. Entre ellas destacan:
- Consolidación del embargo de armas a Israel.
- Denegación de tránsito por puertos y espacio aéreo españoles a material militar destinado a Israel.
- Prohibición de entrada a territorio nacional a personas implicadas en crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos en Gaza.
- Bloqueo a la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales.
- Restricción de servicios consulares a ciudadanos españoles residentes en dichos asentamientos.
- Refuerzo del apoyo financiero a la Autoridad Palestina y nuevos proyectos de colaboración.
- Aumento de la ayuda humanitaria para Gaza hasta 150 millones de euros en 2026.
- Ampliación de la aportación a UNRWA con 10 millones adicionales.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que España “es el país que más está haciendo por Palestina en el ámbito humanitario, político y diplomático” y recordó el liderazgo español en foros internacionales como la ONU, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.
Ley Antitabaco: más espacios libres de humo
En paralelo, el Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto de Ley Antitabaco, que amplía la actual normativa de 2005. La nueva regulación prohíbe fumar en terrazas de bares y restaurantes, centros sanitarios, educativos y sociales, instalaciones deportivas, piscinas públicas, espectáculos, estaciones de transporte y vehículos de uso laboral.
La ley también equipara a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabaco calentado con el tabaco convencional y restringe su publicidad, promoción y patrocinio. Según Alegría, el objetivo es “proteger a los menores y consolidar una España más saludable”.
