España inicia un proceso extraordinario de regularización de extranjeros con cinco meses de residencia
El Consejo de Ministros, celebrado este martes 27 de enero de 2026, ha autorizado la tramitación urgente de un real decreto para poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya viven en España, con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y dar respuesta a una realidad social con impacto directo en la convivencia, el bienestar y la economía del país.
Así lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien subrayó que se trata de una medida “largamente trabajada y dialogada”, que recupera el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados. La regularización se enmarca, además, en el Plan de Integración y Convivencia Intercultural, cuya presentación está prevista próximamente.
“Es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”, afirmó Saiz.
Requisitos y calendario del proceso de regularización
El proceso se dirige a personas extranjeras que acrediten al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes de esa fecha. En todos los casos, será imprescindible carecer de antecedentes penales.
Los beneficiarios podrán obtener una autorización de residencia legal con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese periodo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva y plena en el sistema. El Gobierno prevé que las solicitudes puedan presentarse a principios de abril, una vez completados los trámites normativos, y que el proceso permanezca abierto hasta el 30 de junio.
La admisión a trámite permitirá trabajar de forma provisional en cualquier sector y en cualquier punto de España, una medida que, según Saiz, beneficia tanto a los trabajadores, que ganan derechos, como a las empresas, que obtienen mayor seguridad jurídica. El proceso contempla también la regularización simultánea de los hijos e hijas menores de los solicitantes que se encuentren en España, en cuyo caso el permiso tendrá una duración de cinco años.
La ministra recordó que desde 1986 gobiernos de distintos signos políticos han impulsado regularizaciones extraordinarias. “Cuando la realidad social va por delante de la burocracia, un Estado responsable es el que actúa para ordenarla”, sostuvo.
Ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios
En la misma sesión, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, con un importe total de 20 millones de euros. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, detalló que 10 millones se destinarán a ayudas inmediatas y otros 10 millones como anticipo de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. Las ayudas se abonarán en un pago único y estarán exentas de tributación.
Puente explicó que, en caso de fallecimiento, la ayuda directa supera los 72.000 euros, a los que se suma un anticipo de igual cuantía del seguro. Para las lesiones corporales, los importes oscilan entre 2.400 y más de 84.000 euros, en función de la gravedad. El ministro anunció además futuras modificaciones normativas para permitir que el Estado adelante parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo.
Refuerzo del seguimiento telemático de maltratadores
El Consejo de Ministros autorizó también la contratación de un nuevo servicio integral de seguimiento telemático de las medidas de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que el nuevo contrato contará con un presupuesto de 71,3 millones de euros para tres años, ampliable hasta cinco, e incluirá dispositivos más fiables, tarjetas eSIM no extraíbles y una ampliación significativa del personal de la Sala Cometa, centro de control del sistema.
Las mejoras buscan reforzar la seguridad de las víctimas, garantizar la rapidez en la sustitución de dispositivos defectuosos y asegurar un seguimiento más eficaz y coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Otros acuerdos y datos económicos
Entre otros acuerdos, el Ejecutivo designó Majadahonda como sede principal del Consorcio Estatal para el Desarrollo de Medicamentos y Terapias Avanzadas (Certera) y creó la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la Generación del 27.
En el apartado económico, Elma Saiz destacó los datos de la Encuesta de Población Activa, que reflejan que el paro ha bajado del 10 % por primera vez en 18 años y que el número de ocupados alcanza los 22,5 millones de personas, unos resultados que calificó como “un éxito de país”.
