Europa cuestiona la norma española de la baliza V16 y alerta de consecuencias jurídicas
La Comisión Europea ha confirmado que España no comunicó a Bruselas la normativa que establece la obligatoriedad de la baliza V16 conectada, tal y como exige la legislación comunitaria. La advertencia llega tras una pregunta parlamentaria formulada por Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE).
En la respuesta oficial, firmada por el vicepresidente ejecutivo Stéphane Séjourné en nombre de la Comisión, se señala expresamente que los Reales Decretos españoles “no han sido notificados con arreglo al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535”, aunque recuerda que corresponde a los Estados miembros evaluar si sus proyectos normativos están sujetos a dicha obligación.
La Directiva (UE) 2015/1535 obliga a los países de la Unión a notificar cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su adopción, con el objetivo de evitar obstáculos al mercado interior y garantizar su compatibilidad con el Derecho comunitario.
Posible procedimiento de infracción contra España
La respuesta parlamentaria va más allá y advierte de las consecuencias que puede acarrear esta omisión. Según recuerda la Comisión, si un Estado miembro no cumple con su obligación de comunicar proyectos de reglamentos técnicos conforme al artículo 5.1 de la Directiva, Bruselas puede iniciar medidas en virtud del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Esto abre la puerta a un posible procedimiento formal de infracción contra España.
Además, la Comisión subraya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos que no hayan sido notificados a la Comisión, lo que podría incluso llegar a cuestionar la aplicación efectiva de la obligación actualmente en vigor sobre la baliza V16.
Riesgo de restricción al mercado interior
Bruselas recuerda que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a escala europea y que, en principio, se rige por las normas nacionales de tráfico. No obstante, advierte de que la introducción de requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior, conforme al artículo 34 del TFUE.
En ese caso, las autoridades españolas deberían justificar dicha medida con base en el artículo 36 del TFUE o en los requisitos obligatorios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
La Comisión insiste en que la imposición de requisitos técnicos nacionales puede alterar la libre circulación de mercancías, uno de los pilares fundamentales del proyecto europeo.
Reacción política y denuncia de inseguridad jurídica
Tras conocerse la respuesta, Dolors Montserrat ha señalado que el pronunciamiento del Ejecutivo comunitario confirma “la enorme inseguridad jurídica que esta decisión ha generado para millones de conductores y para el conjunto del sector”.
La eurodiputada ha advertido de que cuando un Gobierno impone un dispositivo obligatorio con requisitos técnicos específicos sin cumplir los procedimientos europeos, se pone en riesgo la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones.
Asimismo, ha subrayado que la Comisión Europea también alerta de que este tipo de requisitos puede constituir una restricción al mercado interior, y ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare de forma inmediata la situación, garantice el pleno respeto al Derecho de la Unión Europea y actúe con transparencia.
El debate sobre la baliza V16 conectada, que sustituirá progresivamente a los triángulos de emergencia, adquiere así una nueva dimensión jurídica y política, con implicaciones tanto para los conductores como para fabricantes y distribuidores en el conjunto del mercado europeo.
