Expolio arqueológico a gran escala: monedas, fíbulas y vasijas vendidas por Internet

La Policía Nacional ha detenido a siete personas implicadas en una organización que exportaba ilegalmente miles de objetos arqueológicos a través de plataformas online sin autorización, obteniendo beneficios superiores a 500.000 euros. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al expolio, venta y contrabando de piezas arqueológicas de alto valor. La operación se ha saldado con siete detenidos en Córdoba, Jaén y Sevilla, acusados de delitos contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación, iniciada en marzo de 2023, se centró en una empresa de numismática con tienda en varios portales de venta online. En estos sitios se ofrecían monedas antiguas con restos de tierra, clara señal de extracción reciente y no autorizada. La ausencia de permisos de exportación, obligatorios para bienes culturales de más de 100 años, motivó la acusación de contrabando.

Los responsables, radicados en Mairena del Aljarafe (Sevilla), contaban con colaboradores en Linares (Jaén) y Lucena (Córdoba). Estos recibían paquetes con objetos arqueológicos para su venta posterior. El material era adquirido directamente a expoliadores o a través de subastas clandestinas en redes sociales. Uno de los detenidos incluso utilizaba un detector de metales para localizar piezas en yacimientos arqueológicos aún no catalogados.

Uno de los momentos clave de la operación fue la interceptación de un paquete con cerca de 1.900 piezas —monedas, fíbulas, puntas de flecha— en una empresa de mensajería, pocas horas antes de realizar los registros domiciliarios. En total, se incautaron más de 3.000 objetos arqueológicos, 73 monedas de plata, una jarra romana de vidrio, balas de honda, documentos epigráficos, 37.625 euros en efectivo y numerosos dispositivos electrónicos.

Según el informe del Museo Arqueológico de Sevilla, donde han sido depositadas las piezas, muchas fueron obtenidas mediante expolio reciente en contextos cerrados, lo que supone un grave atentado contra el patrimonio arqueológico. La cronología de los objetos va desde la Edad del Cobre hasta épocas contemporáneas.

La organización obtenía beneficios sustanciales por estas ventas ilícitas, lo que les permitía disfrutar de un nivel de vida no justificado por sus ingresos legales. Algunos miembros no contaban con empleo remunerado y otros tenían trabajos esporádicos con sueldos reducidos.

Además del daño cultural, este tipo de delitos representa una amenaza para la conservación del legado histórico común y pone en entredicho el control institucional sobre bienes culturales.