Una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desarticular un grupo criminal dedicado al envío ilegal de residuos peligrosos desde Tenerife hacia distintos países africanos. En total, se investiga a 32 personas y cuatro sociedades vinculadas a este entramado, con actividad en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca.
La investigación ha revelado que la organización llegó a trasladar hasta 650 toneladas de residuos peligrosos, además de otras 86 toneladas de residuos no peligrosos, utilizando contenedores marítimos que partían del puerto de Santa Cruz de Tenerife. El valor total de la mercancía se estima en unos 800.000 euros.
Las pesquisas se iniciaron tras detectar un flujo constante de contenedores sospechosos con destino a África. Fueron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Caldera de Taburiente, en La Palma, junto con funcionarios de Vigilancia Aduanera en Santa Cruz de Tenerife, quienes identificaron este patrón irregular en el transporte de mercancías.
Uso de facturas falsas para ocultar residuos peligrosos
Para eludir los controles administrativos y aduaneros, la organización utilizaba un sistema de facturación fraudulento. A través de empresas interpuestas, emitían documentación que simulaba que los residuos habían sido correctamente descontaminados, cuando en realidad no lo estaban.
En algunos casos, estas facturas se emitían incluso a nombre de terceros ajenos a la actividad ilícita, lo que dificultaba el rastreo de las operaciones y permitía dar apariencia de legalidad a los envíos.
Material altamente contaminante sin tratar
Entre los residuos exportados se encontraban componentes electrónicos y eléctricos, como motores y compresores extraídos de frigoríficos sin el tratamiento adecuado. Este tipo de materiales contiene gases que, al liberarse, pueden resultar altamente perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.
También se detectó el envío de piezas de automóviles sin descontaminar, así como cerca de 38 toneladas de extintores. Además, la red exportaba vehículos —turismos, furgonetas y camiones— utilizando documentación falsificada para hacerlos pasar como mercancía de segunda mano.
Estructura organizada y reparto de funciones
La organización estaba liderada por cinco personas con funciones claramente diferenciadas. Dos de ellas, residentes en Gran Canaria, se encargaban de la gestión documental y logística de las exportaciones. Por su parte, tres individuos asentados en Tenerife coordinaban el envío de los residuos y obtenían la documentación necesaria, tanto legal como falsificada.
El entramado contaba con varias empresas que facilitaban la operativa, simulando actividades legales para encubrir el tráfico ilícito de residuos.
Delito ambiental con repercusión internacional
El traslado ilegal de residuos es un delito tipificado en el Código Penal desde 2015 y puede conllevar penas de prisión, multas e inhabilitación profesional. Este tipo de actividad supone una grave amenaza tanto para el medio ambiente como para la salud pública.
Además, el tráfico ilegal de desechos peligrosos es una preocupación creciente a nivel global, recogida en el Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de este tipo de residuos y busca limitar su impacto.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de esta investigación.
