Las quejas ante el Defensor del Pueblo se disparan en 2025: más de 38.000 expedientes tramitados

El informe anual revela un aumento significativo de expedientes y señala las principales preocupaciones sociales en España

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Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia concentran la mayoría de reclamaciones ciudadanas en 2025

Las quejas ante el Defensor del Pueblo se disparan en 2025: más de 38.000 expedientes tramitados

Foto: Congreso/Povedano

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este martes en las Cortes Generales el Informe anual correspondiente a 2025, en el que se constata un aumento significativo de las quejas ciudadanas y se pone el foco en la creciente dificultad de muchos ciudadanos para defender sus derechos fundamentales.

Durante el acto de entrega a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, Gabilondo subrayó que el informe refleja una realidad social compleja. “Las quejas que recibimos evidencian la difícil situación de quienes no encuentran respuesta ni vías para la defensa de sus derechos”, señaló, destacando que el documento no es una simple recopilación de datos, sino una radiografía de los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía.

El informe, que también será remitido al Senado el próximo 9 de abril, recoge que en 2025 la institución tramitó un total de 38.762 expedientes, lo que supone un incremento respecto a los 34.629 registrados el año anterior. De ellos, la gran mayoría correspondieron a quejas ciudadanas, con 38.144 casos, además de 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de recurso ante el Tribunal Constitucional.

Este aumento de actividad se tradujo en la emisión de 2.059 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones públicas. Entre ellas, destacan 721 recomendaciones, 788 sugerencias y 550 recordatorios de deberes legales, lo que evidencia el papel activo de la institución en la supervisión del funcionamiento de los poderes públicos.

Justicia, empleo y migraciones, entre las principales preocupaciones

Los asuntos que generaron mayor volumen de quejas durante el pasado año estuvieron relacionados con la Administración de Justicia, la Seguridad Social y el empleo, así como con cuestiones de migraciones y política social. También destacaron las reclamaciones vinculadas a interior, educación y sanidad, reflejando preocupaciones transversales que afectan a amplias capas de la población.

En cuanto a la procedencia de las quejas, las comunidades autónomas más pobladas volvieron a concentrar el mayor número de reclamaciones. Madrid lidera la lista con 8.766 quejas, seguida de Andalucía con 4.374, Cataluña con 3.702 y la Comunidad Valenciana con 3.458.

Además de los datos cuantitativos, el informe pone el acento en problemáticas sociales especialmente sensibles. Entre ellas, la protección de menores, las dificultades de las personas mayores para acceder a sus derechos, los obstáculos en el sistema de protección internacional tras la reforma del Reglamento de Extranjería o las desigualdades que continúa sufriendo la comunidad gitana.

También se abordan cuestiones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, el acceso al empleo público, la trata de seres humanos con fines de explotación laboral y problemas vinculados a la educación, el medio ambiente o las devoluciones del IRPF a mutualistas.

Más atención ciudadana y supervisión institucional

Durante 2025, la institución atendió a un total de 44.278 ciudadanos, principalmente a través de atención telefónica, aunque también mediante atención presencial. Este dato refuerza el papel del Defensor del Pueblo como canal directo entre la ciudadanía y las administraciones.

El informe incluye igualmente la actividad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que llevó a cabo 67 visitas a centros de privación de libertad para supervisar las condiciones y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Gabilondo insistió en la responsabilidad de la institución de trasladar a la sociedad tanto las problemáticas detectadas como las posibles soluciones. En este sentido, defendió la necesidad de actuar con rigor y compromiso para corregir situaciones injustas y mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas.

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