El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes Generales el proyecto de reforma de la Constitución Española con el objetivo de reconocer y blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
La propuesta contempla añadir un nuevo apartado al artículo 43 de la Carta Magna que obligará a los poderes públicos a garantizar este derecho en condiciones de igualdad real y efectiva, mediante las prestaciones y servicios necesarios.
Ana Redondo defiende la reforma como garantía efectiva
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la iniciativa señalando que ha sido avalada por el Consejo de Estado, que considera la propuesta plenamente constitucional.
Redondo ha explicado que, aunque el derecho al aborto está reconocido como derecho subjetivo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su ejercicio real presenta desigualdades en función del territorio.
Desigualdades en el acceso al aborto en España
Según datos del Ministerio de Sanidad, solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros públicos, con importantes diferencias entre comunidades autónomas.
Mientras regiones como Cantabria, Galicia, La Rioja o Navarra superan el 60% de intervenciones en la sanidad pública, en otras como Madrid o Andalucía el porcentaje apenas alcanza el 1%.
La ministra ha advertido de que esta situación genera “desigualdades entre mujeres” dependiendo de su lugar de residencia.
Tres razones para la reforma constitucional
El Gobierno justifica la modificación en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la necesidad de proteger los derechos sexuales frente a corrientes contrarias a nivel internacional.
En segundo lugar, reforzar la seguridad jurídica y la jurisprudencia existente del Tribunal Constitucional sobre el derecho al aborto.
Por último, el Ejecutivo defiende la coherencia con el avance legislativo en materia de igualdad en España, situándose en línea con países europeos como Francia o Luxemburgo.
Un proceso que requiere amplio consenso político
La reforma constitucional seguirá el procedimiento ordinario, al afectar al artículo 43, relativo a los principios rectores de la política social y económica.
Para su aprobación será necesario el respaldo de al menos tres quintas partes del Congreso de los Diputados y del Senado, lo que obliga a alcanzar amplios consensos políticos.
En caso de no lograrse ese apoyo inicial, el texto podría ser reformulado y sometido a nuevas votaciones, e incluso podría someterse a referéndum si así lo solicita una parte de los parlamentarios.
