Más coordinación y seguridad frente a los incendios forestales: el nuevo decreto que prepara el Gobierno
La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros aprobará un nuevo real decreto destinado a reforzar la prevención, vigilancia, extinción y recuperación frente a los incendios forestales, mediante un marco común de actuación para todas las administraciones implicadas.
El anuncio se ha producido durante la visita de la vicepresidenta a diversos proyectos de transición justa en La Robla y La Pola de Gordón (León), donde ha subrayado que la lucha contra los incendios forestales requiere un trabajo continuo durante todo el año. “Los incendios se apagan también en invierno. Hay que trabajar los 365 días del año”, ha señalado Aagesen en declaraciones a los medios de comunicación.
El nuevo real decreto busca incrementar la seguridad del personal, mejorar la cooperación y coordinación entre los distintos dispositivos operativos y garantizar la interoperabilidad de los medios, especialmente en lo relativo a sistemas de comunicación, uso de cartografías y gestión de recursos aéreos y terrestres. El objetivo es reforzar la capacidad de anticipación y respuesta del sistema público ante emergencias cada vez más complejas.
La norma responde a un riesgo creciente en todo el territorio nacional, intensificado por los efectos del cambio climático, que está provocando incendios forestales más extensos, rápidos y difíciles de controlar. En este contexto, el Gobierno considera prioritario dotar al sistema de un marco normativo que permita una actuación coordinada, eficaz y segura.
El real decreto se alinea con los compromisos recogidos en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que impulsa políticas públicas orientadas a reducir riesgos y aumentar la resiliencia del territorio frente a fenómenos extremos. Con esta iniciativa, el Ejecutivo da un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema nacional de gestión de emergencias por incendios forestales, basado en la prevención, la cooperación institucional y la protección de los ecosistemas.
Cinco medidas clave para una respuesta más eficaz
La nueva norma articula cinco actuaciones fundamentales destinadas a mejorar la coordinación operativa y la seguridad en la lucha contra los incendios forestales. En primer lugar, establece una calificación homogénea de las unidades de extinción, lo que permitirá identificar de forma común las capacidades disponibles y facilitar la colaboración entre comunidades autónomas y, cuando sea necesario, a nivel internacional.
En segundo lugar, se incorpora un protocolo común para el uso de medios aéreos, con criterios técnicos unificados que aumentan la seguridad y la eficiencia de las operaciones con aeronaves. A ello se suma la implantación de indicativos de radio unívocos, que armonizan las comunicaciones y reducen el riesgo de errores en situaciones de emergencia.
El cuarto eje es la adopción de una simbología común en los mapas operativos, que facilita la interpretación compartida de la información geoespacial y mejora la toma de decisiones en tiempo real. Por último, el real decreto fija condiciones mínimas de seguridad y equipos de protección individual (EPI), garantizando la protección del personal interviniente conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales.
Un sistema integrado y coordinado
Estas medidas se integran en el sistema común de gestión de emergencias previsto en la Ley 43/2003, de Montes, y han sido elaboradas en el seno de los grupos técnicos especializados del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, con la participación de todas las administraciones competentes. El enfoque técnico y consensuado del texto refuerza la cooperación institucional, respetando el marco competencial y mejorando la respuesta ante incendios de gran magnitud.
El objetivo último del real decreto es proteger a la ciudadanía, salvaguardar los recursos naturales y garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan sobre el terreno, mediante una planificación preventiva más sólida y una respuesta operativa más eficaz. Su aplicación tendrá un impacto positivo en la reducción de los daños ambientales y económicos, contribuyendo a una mayor resiliencia frente al cambio climático.
Proyectos de transición justa en León
Durante su visita a León, Sara Aagesen ha destacado también los proyectos de transición justa desarrollados en La Robla y La Pola de Gordón, territorios históricamente vinculados al carbón y a las centrales térmicas. Según ha explicado, se trata de acompañar a estas zonas en su transformación con nuevas oportunidades económicas y energéticas.
Entre los proyectos visitados destaca La Robla Green, una iniciativa centrada en la biomasa, la captura de CO₂, el hidrógeno y el metanol, que además beneficia al sector agrario al reutilizar residuos agrícolas y reducir los costes de gestión. En La Pola de Gordón, la rehabilitación de la estación de ferrocarril apuesta por la eficiencia energética, con una nueva envolvente que permitirá reducir consumos y mejorar el confort del edificio.
Desde 2019, el Gobierno ha destinado a estos territorios alrededor de 1.000 millones de euros para proyectos tractores de la industria y la energía, una cifra que multiplica por diez la inversión realizada en el periodo anterior.
