Moncloa libera los papeles del 23-F y activa un ambicioso plan contra la soledad no deseada

El Consejo de Ministros, celebrado este martes, ha dado un paso histórico en materia de transparencia institucional al aprobar la desclasificación de la documentación relativa al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F. La medida coincide con el 45 aniversario de uno de los episodios más trascendentales de la democracia española.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, ha confirmado que la decisión se ha tramitado conforme a la Ley sobre Secretos Oficiales y permitirá hacer pública toda la información localizada hasta el momento.

En total, se trata de 153 unidades documentales que han permanecido clasificadas como secretas durante más de cuatro décadas. A partir del 25 de febrero, estos documentos podrán ser consultados por historiadores, investigadores y ciudadanos a través de los canales oficiales de La Moncloa.

Según ha explicado la portavoz, esta decisión pone fin a una situación “atípica en las democracias modernas” y responde a una exigencia de calidad democrática. “La memoria no puede estar bajo llave”, ha subrayado Saiz, defendiendo que una democracia plena debe garantizar el acceso al pasado como parte esencial del presente.

Además, el Ejecutivo confía en que el proyecto de Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que este tipo de decisiones dejen de ser excepcionales y se conviertan en una práctica sistemática basada en la transparencia institucional.

Primera Estrategia Estatal contra la soledad no deseada

El Consejo de Ministros también ha aprobado el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Amador, ha detallado que el objetivo es abordar desde lo público las causas estructurales que generan o agravan la soledad y el aislamiento social.

Según un barómetro de 2024, una de cada cinco personas en España afirma sentirse sola. Esta situación afecta especialmente a jóvenes, mayores de 75 años, mujeres y familias vulnerables, y puede cronificarse con efectos negativos sobre la salud física, emocional y la participación social.

El plan contempla la creación de una Mesa Interinstitucional de Soledades con presencia de todas las administraciones públicas, tercer sector y expertos. Se desarrollarán estrategias en ámbitos como la atención primaria, el urbanismo, la gobernanza digital, los servicios públicos de proximidad o los efectos del teletrabajo en el aislamiento social.

“El mandato constitucional es claro: no se va a abandonar a nadie”, ha afirmado Bustinduy, quien ha defendido un modelo de protección social que garantice igualdad y bienestar para toda la ciudadanía.

Avances en discapacidad: balance tras la reforma del artículo 49

El Ejecutivo ha presentado también un informe sobre las actuaciones desarrolladas desde la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada hace dos años. Entre las medidas adoptadas destacan la prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente, la ampliación de becas formativas, programas específicos para alumnado con trastorno del espectro autista y un plan estatal contra la discriminación de mujeres y niñas con discapacidad.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Reglamento de Espectáculos Taurinos para prohibir expresamente situaciones denigratorias hacia personas con discapacidad.

El Gobierno confía en culminar este proceso con la reforma definitiva de las leyes de dependencia y discapacidad antes del verano.

Nueva Ley de Publicidad del Sector Público: más transparencia y límites

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público ha sido otro de los asuntos centrales. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que la norma adaptará la legislación española al reglamento europeo y sustituirá a la ley vigente desde 2005.

La futura ley regulará la publicidad institucional tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales, que deberán inscribirse en un registro público si desean recibir financiación pública.

Entre las principales novedades figura el límite del 35%: ningún medio podrá superar ese porcentaje de ingresos anuales procedentes de publicidad pública, sumando todas las administraciones. No obstante, se establece una cláusula específica para proteger a medios locales con menor facturación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará la asignación del gasto publicitario, y el Gobierno estará obligado a publicar anualmente el destino de su inversión en publicidad institucional.

Hoja de ruta para acelerar la soberanía digital

El Ejecutivo ha presentado también su hoja de ruta para reforzar la soberanía digital de España. El plan contempla el impulso de infraestructuras críticas como la nube, los datos o la inteligencia artificial, así como el fortalecimiento de sectores estratégicos donde España ya cuenta con liderazgo, como la biotecnología, la ciberseguridad o las energías limpias.

Entre las diez líneas de acción destacan la inversión en chips y semiconductores, el refuerzo de la infraestructura pública digital, el impulso del sector espacial, el desarrollo de tecnologías cuánticas y la apuesta por software libre en la administración.

Apoyo a Ucrania y condena de la violencia machista

Coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el Gobierno ha recordado que España ha concedido protección temporal a más de 264.000 personas desplazadas, situándose como el cuarto país de la Unión Europea en número de concesiones.

La protección se prorroga hasta marzo de 2027 y el Ejecutivo ha reiterado su compromiso con una paz justa y duradera.

Finalmente, la portavoz ha condenado los últimos casos de violencia machista y vicaria registrados en 2026, calificando el año como “insoportable” en este ámbito y recordando la importancia del teléfono 016 y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.