Nueva Ley de Justicia: becas para opositores, reforma del acceso y más independencia para la Fiscalía
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de reforma y reforzamiento de las carreras judicial y fiscal, una ambiciosa norma que el Gobierno califica como “la mayor transformación del sistema judicial en décadas”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el encargado de detallar el contenido de esta reforma que, según ha afirmado, “acerca nuestro sistema judicial a los estándares más garantistas y europeos”.
Una de las principales novedades es la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. A partir de ahora, el proceso de oposición incluirá una nueva prueba escrita y medidas para garantizar la igualdad de oportunidades. Según datos del Ministerio, el 95% de quienes acceden a una plaza judicial han requerido ayuda económica familiar. Para corregir esta desigualdad, el Gobierno ofrecerá becas equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional durante cuatro años a quienes carezcan de recursos.
PREPARACIÓN PÚBLICA Y MÁS PLAZAS:
Asimismo, se refuerza el papel del Centro de Estudios Jurídicos, que se convertirá en un centro público de preparación de opositores, con sedes repartidas por distintas provincias para descentralizar el acceso a la Justicia. Los preparadores deberán estar inscritos en un registro público obligatorio.
En paralelo, el Ministerio ha anunciado la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales, incluyendo la ampliación del cuarto turno y su convocatoria simultánea con otras oposiciones. También se ha confirmado la estabilización laboral de jueces y fiscales sustitutos, otra de las demandas históricas del sector.
MÁS AUTONOMÍA PARA LA FISCALÍA:
El proyecto de ley también incluye una reforma del Estatuto de la Fiscalía General del Estado, dotando a la institución de mayor independencia del Gobierno. Su mandato pasará a tener una duración de cinco años, desligado del ciclo político, y los motivos de cese quedarán más acotados, excluyendo la pérdida de confianza del Ejecutivo.
Una medida clave será el traspaso de la instrucción penal a la Fiscalía, alineándose así con los modelos judiciales de la mayoría de los países de la Unión Europea.
El ministro Bolaños ha subrayado que esta reforma “cumple con los requisitos del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa)” y cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Para el Gobierno, esta ley marca un nuevo modelo de justicia más equitativa, independiente y accesible para toda la ciudadanía.
