Nuevo marco europeo contra el fraude del IVA: así será la cooperación avanzada entre Fiscalía Europea, OLAF y Estados miembros

La Comisión Europea ha presentado una propuesta legislativa destinada a reforzar significativamente la cooperación en la lucha contra el fraude fiscal dentro de la Unión Europea. El plan, que modifica el marco jurídico vigente, busca facilitar el intercambio de información entre la Fiscalía Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y los Estados miembros, con especial énfasis en el acceso directo y en tiempo real a los datos del IVA.

Este avance se enmarca en el paquete ‘IVA en la era digital’, una estrategia orientada a modernizar el sistema fiscal europeo mediante herramientas tecnológicas que permitan detectar irregularidades con mayor rapidez y precisión. La introducción de la notificación digital en tiempo real del comercio transfronterizo proporcionará a las autoridades fiscales información clave para combatir uno de los fraudes más extendidos y costosos: el fraude intracomunitario del operador desaparecido (MTIC), también conocido como fraude carrusel.

Según las estimaciones de la Comisión, este tipo de delito económico supone para los contribuyentes europeos pérdidas anuales de entre 12.500 y 32.800 millones de euros. Se trata de una modalidad compleja de fraude que, con frecuencia, involucra a organizaciones criminales y que dificulta la capacidad de los Estados miembros para reaccionar con rapidez. En conjunto, la brecha total del IVA en la Unión Europea alcanzó los 89.300 millones de euros en 2022, lo que refleja la magnitud del problema.

Acceso inmediato a los datos del IVA

La propuesta permite que tanto la Fiscalía Europea como la OLAF dispongan de acceso directo y ágil a la información fiscal vinculada al IVA. Este acceso facilitará una evaluación rápida y coordinada de posibles casos de fraude, acelerando los tiempos de respuesta y permitiendo que las investigaciones se aborden desde una perspectiva integral y transfronteriza.

Gracias a estos nuevos mecanismos, las agencias europeas tendrán la capacidad de identificar, detener y procesar actividades fraudulentas con mayor eficiencia, reforzando así la protección de los intereses financieros de la Unión y promoviendo un entorno empresarial más justo y competitivo.

Comunicación directa entre organismos

Además de mejorar el acceso a la información, la propuesta establece canales de comunicación más directos entre la Fiscalía Europea, la OLAF y Eurofisc, la red que agrupa a los funcionarios responsables de combatir el fraude del IVA en los Estados miembros. La coordinación en tiempo real permitirá compartir inteligencia crítica y agilizar la apertura de investigaciones conjuntas cuando sea necesario.

Estas mejoras, según la Comisión, liberarán el potencial de las herramientas digitales ya existentes e introducirán nuevas soluciones tecnológicas para optimizar el intercambio seguro de información fiscal, un elemento clave en la lucha contra el fraude en la era digital.

La visión de la Comisión

Wopke Hoekstra, comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, ha subrayado la importancia de esta iniciativa y su impacto en la protección económica del bloque europeo. “La lucha contra el fraude del IVA es una prioridad para mí y para la Comisión. Esta propuesta reforzará nuestra capacidad para salvaguardar nuestros intereses financieros y garantizar una competencia leal en el mercado único. Quienes busquen obtener beneficios mediante el fraude deberán rendir cuentas. Con herramientas digitales y un mejor intercambio de la información, estamos construyendo un sistema fiscal más sólido y justo para todos”, declaró.

Próximos pasos

La propuesta será remitida al Consejo de la UE para su análisis y aprobación, y al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social para su consulta. Una vez alcanzado el acuerdo político y publicada la normativa en el Diario Oficial de la Unión Europea, se activará su fase de aplicación.

Con esta medida, la Comisión Europea continúa avanzando en el fortalecimiento del sistema fiscal comunitario, apostando por un modelo más transparente, tecnológico y eficaz frente a una de las modalidades de fraude que más impacto económico tiene en el conjunto del territorio europeo.