El Partido Animalista PACMA ha recibido hoy la confirmación oficial de que el Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reciente decisión del Congreso de excluir al lobo ibérico del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta actuación responde a la solicitud presentada por PACMA el pasado mes de mayo, en la que la formación política alegaba una invasión de competencias por parte del poder legislativo.
Según argumentó PACMA, el Congreso no tiene potestad para retirar a una especie de una lista como el LESPRE, ya que esta competencia corresponde de forma exclusiva al Gobierno, concretamente al Ministerio para la Transición Ecológica. El Defensor del Pueblo ha ratificado este planteamiento, señalando que la exclusión del lobo “no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad ejecutiva” que vulnera la separación de poderes establecida por la Constitución.
Además, el Defensor del Pueblo coincide con PACMA en que esta desprotección podría contravenir el artículo 45 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente adecuado y obliga a los poderes públicos a protegerlo. A juicio del órgano constitucional, no se ponderaron adecuadamente los valores constitucionales implicados y se dio prioridad a los intereses ganaderos por encima de los ambientales.
Desde PACMA celebran este paso y subrayan la importancia de impedir que el Congreso asuma competencias que no le corresponden, asegurando que esta acción no solo defiende al lobo, sino también el equilibrio institucional y la legalidad en la toma de decisiones sobre biodiversidad.
No obstante, el Partido Animalista lamenta que el Gobierno no haya actuado con mayor rapidez para evitar la caza de lobos, que se ha reactivado en algunas comunidades autónomas desde marzo. “El Ejecutivo debería haber planteado un conflicto de competencias para detener este atentado contra la fauna silvestre”, subrayan desde la organización.
Este recurso al Constitucional supone un importante respaldo jurídico y político al movimiento que defiende la protección del lobo ibérico como símbolo de la biodiversidad y del equilibrio ecológico en la península.
