Polémica en Badalona: VOX rechaza destinar fondos públicos a los okupas desalojados del B9
El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha denunciado este viernes que se esté destinando dinero público a la reubicación de los okupas del edificio B9 de Badalona, tras el desalojo del antiguo instituto que había sido ocupado de forma ilegal. En sus declaraciones, Garriga ha sido tajante al afirmar que “ni un euro de los españoles debería ir a pagar la reubicación de estas personas”.
Según el dirigente de VOX, los okupas del B9 “entraron ilegalmente en España, okuparon un instituto público y sembraron el miedo entre los vecinos”, generando, a su juicio, “una situación de inseguridad insostenible en el barrio”. Garriga ha recordado que durante una visita al lugar fue amenazado de muerte, y ha vinculado este asentamiento con hechos graves como un asesinato, intentos de secuestro, robos y tráfico de drogas, lo que, en sus palabras, ha supuesto “sembrar el terror en la calle”.
Tras el desalojo del edificio, Garriga ha criticado las reacciones de distintos responsables políticos. “Ahora tenemos que aguantar a políticos como Puigdemont y muchos otros diciendo que esta situación es intolerable”, ha señalado. Sin embargo, ha añadido que, para VOX, “lo verdaderamente intolerable es que políticos como Carles Puigdemont y Salvador Illa hayan permitido rendir nuestras fronteras y llenar nuestras calles de una inmigración masiva e ilegal”.
El secretario general de VOX ha insistido en que la gestión de la inmigración y de la ocupación ilegal está teniendo consecuencias directas en la convivencia y la seguridad de los barrios, y ha acusado a las administraciones de priorizar a personas en situación irregular frente a los ciudadanos españoles. “Ni un euro de los españoles puede destinarse a personas extranjeras, y mucho menos en situación irregular, mientras haya un español que no pueda llevar el pan a su familia”, ha subrayado.
Desde VOX defienden que los recursos públicos deben destinarse de forma prioritaria a atender las necesidades de los ciudadanos nacionales y reclaman un cambio radical en las políticas de inmigración y seguridad, especialmente en Cataluña, donde consideran que casos como el del B9 de Badalona son consecuencia directa de años de “dejación política”.
