Subida salarial, superávit para inversiones y reforma en la función pública: las claves del nuevo Real Decreto-ley
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que activa las subidas salariales previstas para los empleados públicos en 2025 y 2026, avanzando en el Acuerdo Marco firmado la semana pasada con las organizaciones sindicales UGT y CSIF, y pendiente de adhesión por parte de CCOO. Este pacto, rubricado en un acto clausurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, establece mejoras laborales y retributivas que alcanzarán hasta 2028.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que el acuerdo supone “un avance decisivo” para la modernización del empleo público y el refuerzo del estado del bienestar, especialmente tras “siete años de recortes tanto en número como en condiciones laborales”. López ha subrayado que el pacto garantiza el poder adquisitivo de más de tres millones de empleados públicos, quienes verán un incremento acumulado del 11% entre 2025 y 2028.
Subida salarial en dos fases: 2025 y 2026
El texto aprobado establece una subida consolidable del 2,5% para 2025, con efectos retroactivos desde enero. En el caso de la Administración General del Estado, la regularización se abonará en una única paga incluida en la nómina de diciembre, mientras que el resto de administraciones pactará con los sindicatos el calendario de aplicación. “La cuantía es vinculante para todos; la forma de pago dependerá de cada administración”, ha precisado el ministro.
Para 2026, el incremento será del 1,5% consolidable, aplicándose desde enero sobre las retribuciones actualizadas. Además, se contempla un 0,5% adicional si el IPC de 2026 alcanza o supera el 1,5%, lo que elevaría la subida total al 2%. El acuerdo también prevé una revisión del complemento de residencia e insularidad para personal destinado en Canarias y Baleares.
Más allá de estas subidas, López ha recordado que el Acuerdo Marco incluye un incremento del 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, consolidando una senda de recuperación salarial. En comparación, el ministro ha señalado que la administración anterior aplicó un aumento del 3,7% en siete años, mientras que el actual Ejecutivo alcanzará el 17%.
Modernización de la función pública
El acuerdo contempla medidas para agilizar procesos selectivos, impulsar la promoción interna, mejorar la clasificación profesional y reforzar la provisión de puestos de trabajo. También se potenciarán las competencias digitales e incluso las relacionadas con inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.
Cataluña recupera la gestión de los habilitados nacionales
El Real Decreto-ley aprobado también incluye una modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que devuelve a la Generalitat de Cataluña la competencia para gestionar la oferta de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales, responsabilidad que Cataluña ya ejerció entre 2007 y 2013.
Óscar López ha puesto en valor la importancia de estos profesionales —interventores, secretarios, tesoreros y responsables de asesoramiento legal— especialmente en municipios rurales. Ha recordado que cuatro de cada diez plazas están vacantes y que Cataluña es la comunidad con mayor déficit. Para el ministro, devolver estas competencias contribuirá a reducir la incertidumbre en los candidatos y a mejorar la cobertura de plazas, una reivindicación histórica de Junts per Catalunya.
Autonomías y ayuntamientos podrán invertir el superávit de 2024
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha detallado que el Real Decreto-ley permite que comunidades autónomas y ayuntamientos destinen el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles durante 2025, 2026 y 2027.
Estas inversiones podrán dirigirse a servicios esenciales como abastecimiento de agua, alumbrado público, vivienda, recogida de residuos, asistencia social o proyectos vinculados a la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética.
La norma también incluye una prórroga hasta 2027 para que pymes y autónomos adapten sus sistemas de facturación a las exigencias del Reglamento Verifactu.
Nueva oferta de empleo público en la UNED
El Consejo de Ministros también ha autorizado la oferta de empleo público para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con la incorporación de 95 nuevos docentes y 98 profesionales técnicos. Óscar López ha subrayado que este avance refleja el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades y la universidad pública.
Objetivos de estabilidad y nuevo impulso a la Fiscalía General del Estado
El Gobierno ha aprobado nuevamente los objetivos de estabilidad presupuestaria 2026-2028 tras su rechazo previo en el Congreso. En paralelo, la portavoz ha informado de que la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado ha recibido el dictamen favorable, por unanimidad, del Consejo General del Poder Judicial, quedando pendiente su comparecencia ante la Comisión de Justicia.
La Palma será sede del Centro Nacional de Vulcanología
Pilar Alegría ha anunciado además que La Palma acogerá la sede del futuro Centro Nacional de Vulcanología, respaldado tanto por el Gobierno central como por la Comunidad Autónoma de Canarias. La decisión responde al carácter único del archipiélago, el único territorio español con vulcanismo activo y experiencia consolidada en gestión de riesgos volcánicos.
Compromiso con la discapacidad y buenos datos de empleo
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Alegría ha reiterado el compromiso del Ejecutivo con la inclusión y la accesibilidad, recordando la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución.
Finalmente, la portavoz ha destacado la caída del paro en noviembre, que registra su cifra más baja en un mes de noviembre en 18 años, así como la consolidación de la afiliación a la Seguridad Social en 21,8 millones de personas. “Son datos que muestran un país que avanza, crece y lidera el empleo en Europa”, ha afirmado.
