El primer Consejo de Ministros tras el parón institucional ha traído consigo medidas relevantes tanto para el sector público como para la política de vivienda. En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció la aprobación de una subida salarial del 0,5% para los trabajadores públicos, que beneficiará a tres millones de funcionarios y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.
Con esta decisión, el Ejecutivo da cumplimiento a lo pactado con los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, reforzando así su compromiso con el fortalecimiento de los servicios públicos.
En paralelo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó dos acuerdos clave para ampliar el parque público de vivienda en España, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, según apuntó. «Nuestro modelo es lo público. Queremos salvar a las familias y poner a su disposición los activos que durante años fueron usados para pagar el rescate financiero», declaró.
El primer acuerdo implica la transferencia de activos inmobiliarios de Sareb a la empresa pública SEPES, incluyendo 40.000 viviendas, 2.400 suelos y la capacidad para construir hasta 55.000 nuevas unidades habitacionales, con un valor estimado de 5.900 millones de euros.
El segundo acuerdo habilita a SEPES para utilizar 593 millones de euros adicionales destinados a la adecuación de esas viviendas, el desarrollo de los suelos, la finalización de adquisiciones en curso y la posible compra de nuevas viviendas. Rodríguez hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que se impliquen con eficacia y determinación en el desarrollo de estas políticas, cuya competencia también comparten.
Estas decisiones refuerzan el posicionamiento del Gobierno en dos ámbitos clave: el bienestar del personal público y el acceso justo a la vivienda, pilares fundamentales en su estrategia social para esta legislatura.
