Trama criminal de residuos: vertederos ilegales, exportaciones encubiertas y conexión internacional
La Guardia Civil, en el marco de la operación “Finoplast”, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de residuos plásticos a escala internacional. En total, han sido detenidas cinco personas y otras 15 están siendo investigadas por la gestión ilícita de más de 41.000 toneladas de basura, transportadas y almacenadas sin los permisos medioambientales pertinentes.
El caso se remonta a finales de 2022, cuando agentes del SEPRONA de León localizaron un vertedero ilegal en una antigua ladrillera del Bierzo con varios miles de toneladas de residuos. Las primeras pesquisas revelaron que los materiales —plásticos agrícolas principalmente— procedían de Francia y Portugal, transportados en camiones de gran tonelaje que aprovechaban rutas de retorno para ingresar ilegalmente la basura en España.
Estos residuos eran almacenados de forma clandestina en instalaciones ubicadas en el Bierzo y La Bañeza (León) y Alberic (Valencia). Parte del material se abandonaba en estos espacios y el resto era exportado ilegalmente a terceros países, en muchos casos bajo documentación ambiental falsa o encubierta como materia prima.
Entre los países de destino de estas exportaciones figuran India, Turquía, Malasia, Vietnam, Tailandia, Pakistán, Angola, Brasil, Marruecos, Reino Unido y Emiratos Árabes, entre otros. Según los datos recogidos, al menos 22.785 toneladas de residuos fueron enviadas de forma irregular.
Uno de los métodos utilizados por la organización consistía en camuflar la carga real dentro de contenedores utilizando una “tapadera”: se colocaban balas de plástico limpio al frente del contenedor, mientras que en el fondo se ocultaban los residuos no permitidos, imposibles de detectar sin el uso de maquinaria pesada.
Las investigaciones llevaron a la inspección de 16 empresas, muchas de ellas vinculadas a la gestión de residuos plásticos en la provincia de Almería, y al registro de cuatro sedes empresariales y dos viviendas, donde se intervino documentación relevante. Además, se tomaron muestras de residuos almacenados en la Comunidad Valenciana, y en 15 de las 16 analizadas se detectaron sustancias tóxicas, según informes del Instituto Nacional de Toxicología.
Para cuantificar el volumen exacto de residuos, la Guardia Civil utilizó tecnología del programa Copernicus de la Unión Europea, especializado en el análisis medioambiental. También se ha activado la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos para la averiguación patrimonial de los implicados, en colaboración con organismos de Alemania, Suiza e Inglaterra.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ponferrada y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la misma localidad, que ha decretado prisión provisional para el cabecilla de la trama. Además, se han emitido 21 órdenes europeas de investigación y se ha contado con el apoyo de Eurojust y Europol, así como de la Gendarmería Nacional Francesa, la Policía Judiciaria Portuguesa y otras unidades del SEPRONA de Valencia, Almería y Tenerife.
En España, la operación se ha desarrollado con la colaboración de las autoridades ambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y de las comunidades autónomas afectadas, especialmente Castilla y León y la Comunidad Valenciana, que han elaborado informes técnicos para sustentar las actuaciones judiciales.
