El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado un importante avance en la protección de las personas consumidoras con la presentación de dos enmiendas clave a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), con el objetivo de poner fin a las llamadas comerciales no deseadas, conocidas popularmente como llamadas spam.
La primera de las enmiendas establece que las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un prefijo específico, distinto del que se usará para las llamadas de atención al cliente. Además, los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear las llamadas que no utilicen estos prefijos identificativos, garantizando así que solo las comunicaciones autorizadas lleguen a los consumidores. Para ello, el Gobierno podrá adaptar el Plan Nacional de Numeración y facilitar la implementación técnica del sistema.
En paralelo, la segunda enmienda impulsada por Consumo declarará nulos los contratos realizados en llamadas no consentidas, desincentivando esta práctica por parte de las empresas. Asimismo, se exigirá que el consentimiento para recibir llamadas comerciales se renueve cada dos años, evitando así que se mantengan autorizaciones indefinidas o ambiguas.
Estas medidas responden a las numerosas quejas ciudadanas sobre este tipo de prácticas intrusivas, que suelen generar confusión o presión en los consumidores. Bustinduy ha señalado que el objetivo es proteger el derecho del consumidor a decidir libremente, con información clara y en un entorno seguro.
MÁS CAMBIOS PROPUESTOS EN LA LEY SAC:
Además de las restricciones a las llamadas no deseadas, el Ministerio ha impulsado otras tres enmiendas con el apoyo de los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE:
Renovaciones automáticas reguladas:
Las empresas deberán avisar con al menos 15 días de antelación sobre la renovación automática de servicios o suscripciones online, y facilitar la baja voluntaria del usuario.Control de reseñas falsas:
Solo se permitirá publicar reseñas dentro de los 30 días posteriores a la compra o disfrute del servicio, garantizando autenticidad. Las empresas podrán solicitar la eliminación de reseñas fraudulentas si demuestran que son falsas.Precios finales obligatorios:
Las empresas estarán obligadas a mostrar el precio final completo desde el inicio del proceso de compra online, incluyendo todos los gastos de gestión, evitando prácticas engañosas habituales en la compra de entradas o billetes.
DECLARACIONES:
“El objetivo de estas reformas es reforzar la protección de los consumidores en un contexto económico y digital cada vez más complejo”, afirmó Bustinduy. “Apostamos por una regulación que garantice claridad, equidad y respeto a la voluntad del consumidor”.
