Aprobada la nueva Ley de Información Clasificada: desclasificación a los 45 años
El Consejo de Ministros aprueba una ley que sustituye a la normativa de 1968, introduce plazos automáticos de desclasificación y protege el secreto profesional de los periodistas. El Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Clasificada, una norma que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, establece nuevos plazos automáticos de desclasificación y refuerza el derecho a la información en democracia.
La nueva ley define como información clasificada todo aquel contenido cuya revelación no autorizada pueda suponer un riesgo para la seguridad o defensa nacional. Se establecen cuatro niveles de clasificación —alto secreto, secreto, confidencial y restringida—, cada uno con sus respectivos plazos de desclasificación. Por ejemplo, los documentos de alto secreto se desclasificarán a los 45 años, con posibilidad de prórroga de 15 años más.
Además, se incorpora la posibilidad de que cualquier ciudadano, especialmente periodistas, pueda recurrir la clasificación de un documento ante el Tribunal Supremo. La clasificación solo podrá efectuarse con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y se prohíbe expresamente la clasificación de información que afecte a crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos.
La Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada será el órgano responsable de su gestión, velando también por el acceso de los parlamentarios y la idoneidad de quienes acceden a documentos protegidos.
De forma paralela, el Ejecutivo ha presentado el Anteproyecto de Ley del Derecho al Secreto Profesional de los periodistas. Este texto reconoce el derecho de los profesionales de la información a no revelar sus fuentes, salvo en situaciones extremas que afecten a la vida o seguridad de las personas o del Estado. Toda intervención sobre este derecho deberá contar con un control judicial previo y riguroso.
Ambas normas forman parte del Plan de Acción por la Democracia, una hoja de ruta del Gobierno que ya ha ejecutado o iniciado más del 60% de sus medidas previstas.
Durante el mismo Consejo de Ministros, también se aprobaron la primera Estrategia Estatal LGTBI y la Estrategia Trans, que buscan visibilizar y proteger a los colectivos frente al incremento de delitos de odio. Asimismo, se anunció una ayuda directa de 10 millones de euros para el cuidado profesional de personas con ELA y un real decreto que facilita la reubicación de menores migrantes no acompañados.
El Gobierno reitera así su compromiso con la transparencia, la protección de los derechos fundamentales y la modernización legislativa en favor de una democracia más robusta.
