La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Judicial de Portugal y bajo la coordinación de EUROJUST, ha desmantelado una organización criminal transnacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La operación, desarrollada en la localidad riojana de Hormilleja, ha permitido la liberación de cinco víctimas —cuatro hombres y una mujer, de entre 25 y 58 años— y la detención de seis personas, presuntamente responsables de los delitos de trata, secuestro y tenencia ilícita de armas.
La investigación se inició en 2019 por parte de la DIAP (Departamento de Investigación y Acción Penal) de Castelo Branco, en Portugal. El grupo desarticulado, de carácter familiar, captaba personas en situación de vulnerabilidad social y económica en territorio portugués. Con falsas ofertas de empleo en el sector agrícola en España, trasladaban a las víctimas a diversas regiones españolas, donde eran obligadas a trabajar en condiciones de semiesclavitud, sin derechos laborales ni acceso a recursos básicos.
Una vez en España, los integrantes de la red actuaban como intermediarios entre las víctimas y diversos empleadores, apropiándose de casi la totalidad de los salarios que estos pagaban. Las víctimas eran mantenidas bajo constante amenaza, coacciones y vigilancia, y vivían en alojamientos precarios, sin condiciones mínimas de higiene ni alimentación.
En el marco del operativo en Hormilleja, se encontraron pruebas clave, entre ellas una pistola de 9 milímetros, que refuerzan la gravedad de los hechos investigados. Cabe destacar que dos de las víctimas fueron secuestradas en Portugal a finales de abril de este año y trasladadas bajo amenaza armada hasta el lugar donde fueron finalmente liberadas.
Los seis detenidos, cinco hombres y una mujer de entre 22 y 54 años, serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional, que evaluará su posible extradición a Portugal. Las autoridades les atribuyen la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos, secuestro y tenencia ilícita de armas.
Esta operación representa un nuevo ejemplo de cooperación judicial y policial internacional en la lucha contra las redes criminales dedicadas a la explotación de personas. La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier indicio de trata o explotación laboral para proteger los derechos humanos de los más vulnerables.
