En una operación conjunta sin precedentes, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO), han desmantelado una organización criminal especializada en fraude fiscal masivo en el sector de las bebidas alcohólicas. La trama defraudó cerca de 69 millones de euros entre 2018 y 2024 mediante un complejo entramado de empresas ficticias y operaciones de blanqueo de capitales.
La investigación, conocida como operación GALLAGHER, ha culminado con ocho detenciones tras 19 registros simultáneos en Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia. Durante la fase de explotación se han incautado 400.000 euros en efectivo, más de un millón de euros en cuentas bancarias, un yate, 34 relojes de lujo, cinco vehículos de alta gama y se ha solicitado el embargo de 21 propiedades.
La organización desarticulada estaba formada por 93 sociedades mercantiles distribuidas entre España, Portugal, Alemania, Malta y las Islas Turcas y Caicos. Estas empresas operaban bajo una estructura paralela utilizada para canalizar el dinero ilícito y ocultar el rastro del fraude, basado principalmente en el esquema del fraude intracomunitario del IVA.
El mecanismo consistía en la importación de alcohol desde depósitos fiscales de otros países hasta España, sin abonar impuestos. Posteriormente, la mercancía se vendía a empresas pantalla controladas por la red, que desaparecían sin pagar el IVA correspondiente. El producto se distribuía a través de una red comercial controlada por la propia organización, permitiendo competir en el mercado a precios muy inferiores y generando una grave distorsión de la competencia.
En la cúspide de la red se encontraban tres ciudadanos españoles, que empleaban testaferros para figurar como responsables legales de las sociedades instrumentales, lo que les permitía eludir su responsabilidad penal directa y dificultar el seguimiento de las operaciones delictivas.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Ha contado además con el apoyo de unidades territoriales y especializadas de diversas zonas, servicios cinológicos, aéreos y equipos de auditoría informática (UCAI y UAI).
La Fiscalía Europea (EPPO), encargada de coordinar la operación, ha reiterado su compromiso con la protección de los intereses financieros de la Unión Europea y la lucha contra el crimen fiscal organizado a gran escala.
