El Gobierno aprueba la Ley de Información Clasificada y destina 10 millones para enfermos de ELA
El Ejecutivo impulsa la desclasificación automática de información sensible, reconoce el secreto profesional de los periodistas y destina 10 millones de euros a la atención 24h de pacientes con ELA.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Información Clasificada, una normativa que sustituye a la antigua ley franquista de 1968 y que permitirá avanzar hacia una mayor transparencia institucional. La medida, según el ministro Félix Bolaños, «nos homologa con las democracias más avanzadas», al establecer criterios claros y plazos automáticos para la desclasificación de documentos según su nivel de sensibilidad.
La nueva legislación contempla cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringida. Los documentos clasificados como alto secreto serán desclasificados a los 45 años, con posibilidad de prórroga de 15 más; los de menor sensibilidad, entre 4 y 5 años. Además, se establece que no podrá clasificarse ninguna información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Paralelamente, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley que garantiza el derecho al secreto profesional de los periodistas. Este texto, también presentado por Bolaños, busca proteger las fuentes informativas en el ejercicio del derecho a comunicar y recibir información veraz, con garantías legales específicas ante posibles intervenciones judiciales.
Ambas iniciativas se enmarcan dentro del Plan de Acción por la Democracia. De las 31 medidas incluidas en este programa, el Gobierno afirma haber aprobado o iniciado 18, lo que supone más del 60% del total.
En otro ámbito, la ministra portavoz Pilar Alegría ha anunciado una ayuda directa de 10 millones de euros destinada a la atención profesional de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en fases avanzadas. Esta medida permitirá cuidados sanitarios durante las 24 horas del día y forma parte del plan previo a la aplicación de la futura Ley ELA.
Finalmente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado dos estrategias estatales —la LGTBI y la Trans— que consolidan el marco legal de protección para estos colectivos. Estas estrategias surgen como respuesta al alarmante incremento de denuncias por violencia, que superaron las 800.000 el último año.
