El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa consolidándose como una de las principales herramientas de protección social en España. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en agosto de 2025 la prestación llegó a 764.905 hogares, en los que residen 2.335.553 personas.
La cuantía media percibida por cada hogar fue de 516,78 euros, con una nómina global que ascendió a 426 millones de euros. Este dato supone un incremento del 17,8 % respecto al mismo mes del año anterior, con 115.462 prestaciones activas más.
En cuanto al perfil de los beneficiarios, el IMV presenta una marcada dimensión femenina: el 67,8 % de los titulares son mujeres (518.548) y ellas representan también el 53,5 % del total de beneficiarios. Además, destaca su impacto en la infancia, ya que el 41,1 % de las personas cubiertas por el IMV son menores de edad. En más de dos tercios de los hogares beneficiarios conviven niños y adolescentes, y 130.945 de estos hogares son monoparentales.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó que “el IMV es ya una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza que resulta especialmente valiosa para la infancia, porque aporta estabilidad y confianza en el futuro”.
Uno de los complementos más importantes asociados a esta prestación es el CAPI (Complemento de Ayuda para la Infancia), que en agosto llegó a 535.235 unidades de convivencia. Este apoyo supone entre 57,5 y 115 euros adicionales por cada menor, en función de la edad, con una cuantía media de 125,12 euros por hogar con menores.
Desde su creación hace cinco años, el IMV ha beneficiado a 3.221.358 personas, de las cuales 1,4 millones son niños y adolescentes, lo que representa el 43,3 % del total. En este tiempo, la Seguridad Social ha destinado más de 16.630 millones de euros a esta prestación.
Además, el Ministerio ha introducido un sistema de doble revisión de ingresos, que permite a los beneficiarios conocer con antelación si la cuantía de su ayuda se mantiene, sube o baja en función de su situación económica, evitando devoluciones y garantizando mayor seguridad a las familias.
