El Observatorio de Derechos Digitales, iniciativa pionera del Gobierno de España, ha celebrado más de 50 actividades y aprobado más de 20 medidas en su primer balance semestral, abordando igualdad, privacidad, inteligencia artificial y seguridad digital.
El Observatorio de Derechos Digitales, impulsado por el Gobierno de España a través de Red.es y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha presentado su primer balance semestral tras su puesta en marcha en 2024.
En este periodo, el organismo ha promovido más de 20 medidas y organizado más de 50 actividades, entre conferencias, seminarios y formaciones en nueve comunidades autónomas, con el objetivo de reforzar la defensa de la ciudadanía en el entorno digital y adaptar el marco jurídico a los desafíos tecnológicos.
Los temas tratados han sido diversos: desde la igualdad en el entorno digital, la protección de datos y los derechos laborales, hasta la violencia digital de género, la neurotecnología, la privacidad y los riesgos de las tecnologías emergentes. Además, se han difundido materiales de alto valor divulgativo, incluyendo pódcast como “El algoritmo que sabía demasiado” y micro reportajes con expertos en la materia.
El Observatorio también ha impulsado su labor a nivel internacional con un curso organizado junto a la Universidad Católica de Uruguay, enfocado en la defensa de los derechos digitales en Iberoamérica.
Entre los avances más destacados figura la elaboración de informes sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el ámbito social y laboral, como el estudio sobre causalidad en la toma de decisiones algorítmicas en empresas o el análisis de la relación entre género, trabajo e inteligencia artificial.
El proyecto forma parte del Programa Derechos Digitales, financiado con 10,83 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU, y cuenta con la participación de 150 entidades colaboradoras y 360 expertos.
Con estas iniciativas, el Observatorio busca sensibilizar a la ciudadanía, fomentar un uso ético, inclusivo y responsable de la tecnología, y reforzar la aplicación de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021, que establece los principios generales para garantizar los derechos de los ciudadanos en el entorno digital.
