La Comisión Europea ha decidido remitir a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto completamente a su legislación nacional la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
Esta directiva establece que los trabajadores deben recibir información clara, completa y oportuna sobre aspectos esenciales de su relación laboral, como la remuneración, la duración del periodo de prueba, el horario o las misiones laborales. Además, exige limitar los periodos de prueba a un máximo de seis meses y mejorar la previsibilidad de las condiciones de trabajo, lo que beneficia especialmente a los empleados con contratos precarios.
La Comisión inició este procedimiento de infracción con el envío de una carta de emplazamiento en septiembre de 2022, seguido por un dictamen motivado en junio de 2023. A pesar de que en febrero de 2025 España notificó ciertas medidas que parcialmente transponen la directiva, Bruselas considera que estas acciones son insuficientes.
Ante esta falta de cumplimiento, la Comisión ha decidido acudir al TJUE para solicitar sanciones financieras contra España por no cumplir con sus obligaciones legales como Estado miembro.
La Directiva 2019/1152 pretende proteger a los casi 200 millones de trabajadores de la UE, asegurando unas condiciones laborales mínimas comunes y fortaleciendo los derechos de quienes trabajan en condiciones más vulnerables.
