El Gobierno de España, junto con otros diez países de la Unión Europea, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea establecer la verificación obligatoria de edad para el acceso de menores a redes sociales. El anuncio lo ha realizado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en el Summit DigitalES en Madrid.
La petición, respaldada por Austria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y la región belga de Valonia, reclama herramientas efectivas y verificables —como la identidad digital proporcionada por organismos oficiales— que impidan a los menores el acceso libre a estas plataformas.
Los firmantes instan a “abandonar el actual statu quo” basado en métodos fácilmente vulnerables como simplemente preguntar la edad, y abogan por la implantación de tecnologías robustas y seguras, alineadas con la normativa europea de identidad digital. Esta propuesta, impulsada previamente por España, Francia y Grecia en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE, busca proteger a los menores del acceso a contenidos perjudiciales como la pornografía, así como minimizar los riesgos asociados al uso excesivo de redes sociales.
El ministro López ha subrayado que uno de cada tres adolescentes dedica más de tres horas al día a redes sociales, lo que tiene efectos comprobados sobre la salud mental, el descanso y el rendimiento académico. «El Gobierno se ocupa de los riesgos de la digitalización con la misma intensidad con la que impulsa sus beneficios», declaró.
La propuesta también aboga por introducir una edad digital mínima común en la UE, permitir que cada Estado la regule, e implementar diseños digitales apropiados por edades que limiten funcionalidades adictivas como la reproducción automática o los perfiles hiperpersonalizados.
Además, España participa en el piloto europeo de la Cartera Digital Beta, una herramienta interoperable de verificación de edad compatible con la carta de identidad digital europea, desarrollada como base para futuras regulaciones comunitarias.
Con esta iniciativa, el Gobierno de España continúa consolidando su liderazgo en el ámbito de la soberanía digital, como ya apuntó el ministro López al destacar el papel clave de los fondos Next Generation EU y los proyectos de colaboración público-privada.
