El Gobierno ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española para 2025, situándola en el 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB). La actualización fue presentada por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes en La Moncloa.
Según explicó Cuerpo, el incremento se debe a la fortaleza de los indicadores de producción industrial, afiliación a la Seguridad Social y consumo interno. “Pese al complejo contexto internacional, la economía española mantiene un crecimiento robusto, equilibrado y sostenible”, afirmó, recordando que España fue en 2024 la economía avanzada que más creció en el mundo.
El ministro destacó que la recuperación tras la pandemia de la COVID-19 y los efectos de la guerra de Ucrania se ha consolidado, con un mercado laboral que ya supera los 22,4 millones de ocupados y una reducción progresiva del desempleo estructural. Asimismo, subrayó que la productividad por hora trabajada y el poder adquisitivo de los hogares continúan en aumento, impulsados por la inversión privada y los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El Ejecutivo también aprobó una adenda al PRTR de 1.241 millones de euros para atender los daños causados por la DANA de 2024 y reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos adversos. Las actuaciones se enfocarán en infraestructuras verdes, restauración ambiental, empleo local y resiliencia productiva.
En materia de vivienda, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentó las líneas maestras del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con 7.000 millones de euros de financiación, triplicando la inversión del plan anterior. El objetivo es ampliar el parque público de vivienda protegida, impulsar la rehabilitación de inmuebles y facilitar la emancipación de los jóvenes.
Otro de los acuerdos destacados fue la aprobación de un coeficiente reductor para la jubilación de los bomberos forestales, que permitirá adelantar su retiro en reconocimiento a la dureza y peligrosidad de su labor. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la medida “saldará una deuda histórica” con este colectivo.
Finalmente, el Consejo de Ministros autorizó la distribución de 46 millones de euros a las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas sanitarias, procedentes de las aportaciones de la industria farmacéutica. Estos fondos se destinarán a formación profesional sanitaria, uso racional de medicamentos y planes nacionales de donación.
Con estas decisiones, el Gobierno busca consolidar el crecimiento económico previsto, fortalecer los servicios públicos y reforzar la protección social y medioambiental en un contexto internacional complejo.
