Investigan a empresas de VTC por subir precios en plena emergencia por el apagón
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente informativo para investigar denuncias ciudadanas sobre posibles subidas abusivas de tarifas en servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) tras el apagón eléctrico que afectó a buena parte del territorio nacional el pasado lunes.
La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio, se centrará en aquellas comunidades autónomas en las que se declaró una situación de emergencia nacional o de protección civil. En estas zonas, la legislación vigente prohíbe expresamente que empresas que utilizan sistemas de precios dinámicos o personalizados eleven los costes de sus servicios durante situaciones de urgencia o necesidad.
Esta medida está amparada en la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, impulsada por el Gobierno a finales de 2024, tras los efectos devastadores de la DANA en la provincia de Valencia. Dicha reforma, aprobada mediante Real Decreto, modificó el artículo 20.1 letra c) del texto refundido de la ley, para prohibir explícitamente la subida de precios basada en picos de demanda en contextos de emergencia.
Según el nuevo marco legal, los contextos de urgencia, riesgo o necesidad están definidos por la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil. Así, en cualquier territorio donde se haya decretado una emergencia por protección civil, cualquier incremento de tarifas realizado por plataformas de VTC mientras dure dicha situación podría constituir una infracción grave en materia de consumo.
Además, esta conducta podría ser sancionada con multas de hasta 100.000 euros, o incluso hasta seis veces el beneficio económico ilícitamente obtenido. Desde el Ministerio se ha subrayado que el objetivo es proteger a los consumidores en momentos de especial vulnerabilidad, evitando prácticas que aprovechen situaciones críticas para encarecer servicios esenciales.
Las conclusiones de este expediente determinarán si se inicia un procedimiento sancionador contra las empresas implicadas. Mientras tanto, Consumo ha reiterado su llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad en los precios aplicados durante situaciones de emergencia.
