Venta de entradas bajo lupa: posibles prácticas abusivas en eventos de un artista internacional
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de su Dirección General de Consumo, ha iniciado una investigación por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de venta online de entradas para los conciertos en España de un conocido artista internacional.
La actuación se produce tras recibir denuncias por parte de asociaciones de consumidores que alertan sobre la aplicación de recargos durante la compra que podrían haberse realizado sin la debida transparencia, sin información previa clara o sin justificación suficiente. Estas prácticas, de confirmarse, podrían constituir una vulneración de la normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras.
La investigación forma parte de un expediente informativo ya abierto por el Ministerio a varias empresas del sector de venta de entradas online. En este contexto, Consumo está recabando información documental para determinar si los costes añadidos en el proceso de contratación cumplen con los criterios legales de claridad, proporcionalidad y justificación.
El origen de esta línea de actuación se remonta a julio de 2024, cuando el Ministerio publicó una nota informativa dirigida a las empresas del sector del ticketing. En ella, se detallaban los requisitos legales a cumplir en la aplicación de gastos de gestión y otros recargos, instando a las compañías a evitar prácticas abusivas o engañosas.
Esta semana, el ministro Pablo Bustinduy ha confirmado que estas exigencias serán incorporadas de forma expresa en la Ley General para la Defensa de los Consumidores, a través de la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), actualmente en fase de tramitación parlamentaria. Esta legislación obligará a las empresas de venta online de entradas a mostrar el precio final, incluyendo todos los gastos, desde el primer momento de la compra, evitando así precios desagregados que puedan inducir a error al usuario.
Además, esta ley incluirá otras medidas para proteger al consumidor digital, como la prohibición de llamadas comerciales no solicitadas, el control sobre las reseñas falsas en plataformas online o la regulación de la renovación automática de suscripciones digitales. La norma cuenta con respaldo parlamentario tras un acuerdo entre Sumar y el PSOE.
