15 detenidos y 146 inmuebles bloqueados en una macrooperación contra el fraude fiscal con móviles

La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, en una operación que deja más de 20 millones de euros defraudados.

Bajo el nombre de Operación Backmobile, la investigación —dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga— ha culminado con 15 detenidos y 23 registros en domicilios y empresas de Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona. En el operativo se han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptodivisas y 75 vehículos.

Según la investigación, la red delictiva operaba desde 2019 utilizando una estructura empresarial ficticia compuesta por más de 20 sociedades, diseñadas para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Su operativa incluía el aprovisionamiento de terminales móviles a través de importaciones y compras masivas en grandes superficies, para luego revenderlos a través de una cadena de empresas pantalla.

La red falseaba los envíos con paquetes llenos de madera o botellas de agua para simular reventas y justificar facturas falsas, mientras que la mercancía real se destinaba a la venta como reacondicionada mediante plataformas digitales, tanto en España como en otros países de la UE. De este modo, aplicaban de forma indebida el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) para evitar el pago del IVA correspondiente.

Con este sistema, la organización ofrecía precios por debajo del mercado, ganando terreno frente a la competencia y obteniendo beneficios millonarios.

El análisis económico patrimonial reveló que los beneficios ilícitos eran canalizados hacia la compra de inmuebles en toda España. Como resultado, han sido bloqueadas 146 propiedades y más de 280 cuentas bancarias vinculadas a los líderes de la red.

Esta macrooperación ha sido llevada a cabo por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por funcionarios de la Agencia Tributaria en Andalucía, en una de las mayores acciones contra el fraude fiscal en el sector tecnológico en los últimos años.