Desarticulada una red que cobraba hasta 10.500 euros por regularizar ilegalmente a extranjeros en España

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a facilitar de forma fraudulenta la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros mediante contratos laborales falsos. La red, que operaba principalmente desde la provincia de Almería, cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente tramitado y habría gestionado más de un centenar de casos irregulares.

La actuación se enmarca en la operación “Lutasanol”, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería junto al Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido, bajo la dirección judicial del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza número 5 de El Ejido.

Como resultado de la investigación, los agentes han detenido al presunto principal captador de la trama y han investigado a otras tres personas. Entre ellas figuran los administradores de una empresa presuntamente utilizada para dar cobertura a las contrataciones ficticias y un gestor laboral que, según los investigadores, colaboraba activamente en la operativa.

Durante la explotación de la operación se realizó un registro en el establecimiento utilizado como centro de operaciones de la organización. En el lugar se intervino abundante documentación relacionada con la actividad investigada, incluyendo copias de documentos de identidad, nóminas presuntamente falsas, anotaciones manuscritas y dinero en efectivo que podría proceder de los pagos realizados por los afectados.

Las pesquisas comenzaron el pasado año tras detectarse posibles irregularidades en distintos expedientes de regularización de extranjeros. Según la investigación, la organización se dirigía principalmente a personas en situación administrativa irregular o que necesitaban renovar sus permisos de residencia y trabajo en España.

A cambio de elevadas cantidades económicas, los implicados ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones de trabajo inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente válida ante las administraciones competentes.

Los agentes comprobaron que numerosos trabajadores eran dados de alta en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones. Esta práctica habría generado un fraude superior a los 100.000 euros al sistema público, además de posibilitar el acceso indebido a prestaciones, subsidios y otros beneficios sociales.

La investigación también ha permitido constatar que la actividad de la organización no se limitaba a Almería. Los captadores actuaban en otras provincias españolas, entre ellas Murcia, Albacete, Huelva, Granada y Málaga, lo que evidencia el alcance interprovincial de la red.

Según la Guardia Civil, la estructura estaba perfectamente organizada y distribuía funciones entre captadores, responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dotar de apariencia legal a las operaciones fraudulentas.

Los investigadores consideran que la organización obtuvo importantes beneficios económicos aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y necesidad de numerosos ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.

Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con esta causa.